La Fiscalía presenta querellas contra el Govern y la Mesa que podrían implicar penas de prisión
La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado una querella contra el president, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, un delito que implica penas de prisión. También se ha querellado contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que aprobaron la tramitación de la Ley del Referéndum, por los mismos delitos.
La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado a mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las querellas criminales contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont y su Gobierno por la convocatoria de referéndum del 1 de octubre, así como contra los miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron la tramitación de la Ley del Referéndum
El fiscal acusa a Puigdemont y a los miembros del Govern de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, este último un delito que implica penas de prisión, por entender que hicieron un «uso ilegal de fondos públicos» con el referéndum.
Así, solicita que se tome «declaración en calidad de investigados» a todos los miembros del Govern por esos tres delitos.
En su querella, justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Govern pone en marcha un procedimiento, el referéndum, «que va a generar un importante gasto público».
«Impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos», sostiene la querella, redactada por el Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.
«Los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos», argumenta en la querella.
«Con su actuación, los querellados posibilitan la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de la inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional», añade.
Respecto al delito de prevaricación, la Fiscalía también acusa al Govern de pretender la «abierta y deliberada derogación» de la Constitución con la convocatoria del referéndum.
Sobre el delito de desobediencia, alega que los miembros del Govern han sido «especialmente advertidos» del deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional».
Recuerda que no recibieron esa advertencia formal los consellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Clara Ponsatí, nombrados recientemente, pero afirma que «conocían perfectamente que el TC había prohibido realizar actos tendentes a organizar el referéndum ilegal».
Medidas cautelares
La Fiscalía pide al TSJC que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes «para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados», incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.
Además, pide a la Guardia Civil, Policía española y Mossos d'Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir el referéndum.
Contra los miembros de la Mesa
A la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de admitir a trámite la Ley del Referéndum el Ministerio Público también les imputa los delitos de «desobediencia grave cometida por autoridad pública», de prevaricación y malversación. La conducta de Carmen Forcadell como presidenta del Parlament junto con el resto de los miembros de la Mesa querellados (...) evidencian su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales», afirma el escrito difundido por Efe.
La Fiscalía pide que se tome declaración a Forcadell y a los otros cuatro querellados en calidad de investigados y también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra y a su secretario segundo, David Pérez.