Los primeros alcaldes se niegan a declarar ante el fiscal por el 1-O
Los tres primeros alcaldes citados hoy ante la Fiscalía como investigados por colaborar en la organización del referéndum se han acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes jurídicas.
Esta mañana han acudido a la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña y del ministerio público en La Seu d'Urgell los alcaldes de Mollerussa, Marc Solsona -también diputado del Parlament-, de Oliana, Miquel Sala, y de El Pont de Suert, José Antonio Troguet.
Los tres alcaldes, que habían sido citados por la Fiscalía por colaborar en la organización del 1-O, se han negado a prestar declaración, dado que consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles, teniendo en cuenta que la causa del referéndum está judicializada.
Ante la Fiscalía Superior de Catalunya, dada su condición de aforado, ha comparecido el alcalde de Mollerussa, a quien, tras su negativa a declarar, el fiscal ha impedido pronunciar un alegato en que pretendía denunciar que el ministerio público no debe actuar contra él porque el asunto del referéndum está ya en manos de los jueces.
Una vez en el exterior, Solsona se ha reafirmado en el «compromiso que nos hemos fijado» de forma «serena, normal y tranquila» de «seguir trabajando» para que los vecinos de Mollerusa puedan votar el 1 de octubre y expresarse «libremente», por lo que no «se echará atrás».
El alcalde y diputado por Junts pel Sí ha considerado que el fiscal «se extralimita» en sus competencias al citarle a declarar cuando debería comparecer ante el tribunal que ha abierto una causa sobre su persona, hecho que a su juicio supone una vulneración sus derechos a tener un «juicio justo».
Solsona: «Votar no es un delito»
Solsona ha denunciado, además, que se le ha impedido exponer las razones por las cuales se negaba a declarar, motivo además que le ha llevado a no firmar el acta de su comparecencia ante la Fiscalía, un órgano que ve «politizado: Estoy sorprendido de que no hayan dejado explicarme», se ha quejado.
Ha dicho no tener miedo, porque «votar no es un delito y en ningún sitio se dice que un referéndum es ilegal», y ha criticado que el Gobierno español intente hacer una «escenificación desmesurada» a través de los alcaldes por un proceso soberanista «normal y pacífico».
Preguntado por si teme ir a prisión, el alcalde ha contestado: «Yo solo soy alcalde, tengo el compromiso con los vecinos de Mollerusa de que puedan votar mediante la ley del Parlament, y lo que me pase no es muy importante. Yo soy un instrumento y si no estoy habrá otro. Las consecuencias que haya, serán, y yo no me voy a echar atrás por esto».