ALCALDES CITADOS A DECLARAR POR DAR LA PALABRA AL PUEBLO
Ayer comenzaron a declarar los alcaldes catalanes que han optado por permitir que sus vecinos y vecinas puedan ejercer su derecho a voto en el referéndum 1 de octubre. Algunos de los regidores que han sido citados por la Fiscalía han atendido a GARA y NAIZ.
El Gobierno español esta empeñado en impedir que la ciudadanía catalana pueda ejercer su derecho a decidir, y ha dado carta blanca a la Fiscalía General del Estado, que ha fijado el foco sobre los alcaldes y alcaldesas. Ayer comparecieron ante el ministerio público los alcaldes de Mollerussa, Marc Solsona, de Oliana, Miquel Sala, y de El Pont de Suert, José Antonio Troguet, y los próximos días lo harán muchos más. No en vano, José Manuel Maza ha elaborado un listado en el que se incluyen los nombres de los más de 700 alcaldes que están dispuestos a colaborar en el referéndum del 1-O.
En esa lista figura el nombre del presidente de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, quien lamenta que se vuelvan a escuchar palabras que retrotraen a épocas pasadas, «como es la de la represión, la censura y la prohibición de actos democráticos». «Somos un pueblo oprimido, en el que se está persiguiendo a más de 700 alcaldes. Algo que no pasa ni en Corea del Norte», denuncia, y advierte de que la respuesta dada por Madrid al 1-O refleja «la cara más negra del Estado español. Utiliza la Justicia y la Fiscalía para amenazar y dar miedo». Asimismo, censura que el PP puede incurrir en un delito de malversación, porque «se han gastado mucho dinero público para impedir que votemos, algo que es absolutamente legal». «Si viviéramos en un estado con profundas raíces democráticas no se perseguiría a quien quiere votar. Al revés, se respetaría y se dejaría votar para muchas cosas, entre ellas si Catalunya quiere formar parte del Estado español o si quiere ser un Estado libre», añade.
Acudir o no acudir a declarar
También está llamada a declarar la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, que hoy visitará la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya. «Iré porque no quiero provocar situaciones de conflicto, pero creo que no tengo por qué ir a declarar ante el fiscal. No tiene ningún argumento para citarme a declarar. No obstante, iré y le diré que no entiendo por qué me cita y que no tengo nada más que declarar», señala tras alertar de las consecuencias de la deriva represiva del Estado. «Esto no ayuda al diálogo y nos reafirma en la opinión de que este Estado no es el que nosotros queremos. Se ve muy claramente la decadencia democrática que existe en el Estado español y nos reafirma en que queremos un Estado propio, una república que funcione de otra forma», manifiesta.
Una opinión compartida por la alcaldesa de San Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, que lidera un ejecutivo formado por ediles de ERC, de la CUP e independientes. Algo impensable hace veinte años, cuando la izquierda independentista contaba con un concejal. A su parecer, el Gabinete de Mariano Rajoy está «aplicando de facto el artículo 155 de la Constitución». «Están interviniendo las finanzas y diciendo qué podemos pagar y qué no. Y habrá un momento en el que tendremos que desobedecer», indica, e incide en que los regidores adquirieron un compromiso con la ciudadanía: «Garantizar que todos los vecinos puedan votar». «Somos la primera fila institucional, la gente que está con los vecinos, que están asustados porque les dicen que no van a tener pensiones, y les vamos informado. El municipalismo hizo posible la Segunda República, y ahora va a hacer posible la tercera», remarca.
Y el primer edil de Argentona, Eudald Calvo, de la CUP, pone en valor el papel del municipalismo en el referéndum del 1-O. «El proceso se inició en 2009 con las consulta en Arenys de Munt. Nació gracias a la gente, a los pueblos y fue arraigando en las instituciones», subraya, y explica el cambio que se ha producido en el seno de la antigua CDC, ahora PDeCAT. «La gente de Convergencia de los pueblos les decían a sus jefes que esto estaba bien –en alusión a las consultas ciudadanas que dieron pie al proceso que afronta Catalunya–, que el camino era lógico, y se vieron forzados a adoptar el discurso. Lo cierto es que ha costado mucho, pero se ha conseguido que haya partidos de diferentes ideologías apoyando el referéndum».
Cabe destacar que la actuación de la Fiscalía ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre los partidos que apoyan el 1-O. Así, mientras los alcaldes y las alcaldesas del PDeCAT o de ERC acuden a los juzgados y se acogen a su derecho a no declarar, los de la CUP han optado por la desobediencia civil. «Nuestra decisión es la de no ir a declarar voluntariamente. Si alguien quiere preguntarnos alguna cosa acerca del referéndum no tenemos nada que esconder, pero no vamos a ir a declarar ante una Fiscalía que es política. No vamos a participar en un juicio político contra el referéndum. Si quieren algo van a tener que detenernos y por la fuerza llevarnos ante el fiscal», remarca, y afirma que se crearán muros populares en los municipios gobernados por la CUP, porque la actuación de la Fiscalía no es solo contra el primer edil, «sino que es contra una voluntad popular». «En mi caso hay mucha gente que está dispuesta a dar su apoyo en el momento de la detención», concluye.