El Govern cesa a número dos de Junqueras, multado por el TC
El conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha anunciado que el Govern ha decretado el cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové, tras el «despropósito» de que el TC le prevea imponer una multa diaria de 12.000 euros por la organización del 1-O. También se ha pedido a los miembros de la Sindicatura Electoral, amenazados con la misma sanción, que cedan el relevo a otros entes y observadores.
Según ha anunciado Jordi Turull tras el Consell Executiu extraordinario, el secretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové, uno de los detenidos por la Guardia Civil, dejará su cargo tras el «despropósito» de que el Tribunal Constitucional le prevea imponer una multa diaria de 12.000 euros
El objetivo es protegerle ante esta decisión del TC y el Govern confía en Jové, ha subrayado el conseller de Presidencia y portavoz, quien le ha expresado su «agradecimiento profundo» por los «servicios prestados en defensa de la democracia»y por su «lealtad».
#Portaveu @JordiTurull: “el #Govern aprova el decret x cessar el Sr. Jové i se li agraeixen serveis prestats en la defensa de la democràcia”
— Govern. Generalitat (@govern) September 22, 2017
El TC ha multado con 12.000 euros diarios a Jové y a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña encargados del seguimiento del 1-O.
Sindicatura
En ese sentido, el Govern ha dado también por finalizados los trabajos de la Sindicatura Electoral y ha pedido a sus miembros que cedan el relevo a «otros entes de observación», según informa Efe citando fuentes del Ejecutivo de Puigdemont.
El Govern, según las citadas fuentes, «agradece» a la Sindicatura Electoral la «finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum» y pide a sus miembros que cedan el testigo a «entes públicos, académicos e internacionales» para que «sigan observando el desarrollo efectivo» del 1-O.
Asimismo, denuncia la «ofensiva autoritaria de los organismos político-judiciales del Estado español contra un ente electoral escogido por el Parlament e integrado por profesionales académicos de reconocido prestigio».