Receptores de ayudas critican el endurecimiento para acceder a una vivienda
La nueva prestación de vivienda exigiría al menos tres años de antigüedad en las listas de Etxebide e ingresos mínimos de 3.000 euros. Las familias afectadas denuncian que esto las empobrece más aún.
Actualmente en la CAV, 28.291 unidades convivenciales reciben la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y otras 7.500 hacen frente a parte del alquiler gracias a las Ayudas de Emergencia Social (AES). Estas familias denunciaron ayer ante la sede de Lakua en Bilbo «el endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva Prestación Económica de Vivienda». Unas restricciones contempladas en un borrador del Decreto por el que se regula el derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda o la prestación económica para sufragarla.
Los nuevos requisitos para acceder a la nueva Prestación Económica de Vivienda piden una antigüedad mínima de tres años en el registro de inscripción de Etxebide, así como unos ingresos mínimos de 3.000 euros. En la actualidad, según detallaron, para acceder tanto a la PCV que gestiona Lanbide, como a las AES que tutelan los servicios municipales de cada localidad, «solo se exige la solicitud de inscripción en el registro de Etxebide, sin antigüedad». Añaden que tampoco se establece un mínimo de ingresos económicos por unidad convivencial.
«Cuando entre en vigor el Decreto elaborado por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, a cargo del PSE, muchas de las familias que en la actualidad cumplen con los requisitos (…) perderán su derecho a reclamar una prestación». Por eso, consideran que «este recorte de derechos en el ámbito de las prestaciones sociales empobrecerá aún más a aquellos sectores con menor renta disponible y en situación de vulnerabilidad».
Las familias han alegado
En el acto de denuncia se desplegaron tiendas de campaña y sacos de dormir. Además, las familias afectadas aprovecharon para entregar en el registro de atención ciudadana de Lakua Zuzenean una serie de alegaciones contra las medidas contempladas. «En reuniones mantenidas con representantes de la ejecutiva y parlamentarias del PSE –lamentaron– se garantizó que nunca se aplicaría ningún recorte social».
Exigieron la retirada del borrador y a los partidos que aprobaron la Ley de Vivienda, PSE y EH Bildu, «un desarrollo legislativo» de dicha ley «que retire todos los recortes recogidos en la misma».
Para la plataforma Stop Desahucios, que acompañó a las familias junto a otras asociaciones y formaciones, este decreto es «inaceptable» porque «remite a futuras normativas aspectos esenciales como son la cuantía de la nueva prestación económica y la renta de alquiler social». Mañana se reunirá con una delegación del Ejecutivo de Gasteiz para trasladarle sus impresiones al respecto.