Laparra dice que los mecanismos de control de las ayudas sociales «han funcionado»

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Nafarroa, Miguel Laparra, ha señalado, sobre la desarticulación de una organización a la que pertenecían residentes del asentamiento chabolista del Tenis que se beneficiaron de ayudas sociales del Ejecutivo, que los mecanismos de control «han funcionado».

Laparra, que ha presentado una campaña sobre el alquiler social y la rehabilitación de viviendas, ha señalado a los periodistas que esta organización está acusada de cometer robos en empresas navarras y concertar matrimonios forzosos y explotar sexualmente a mujeres.

Para Laparra, los mecanismos de control «han funcionado» en este caso, ya que este colectivo «está detenido, en la cárcel e imputado en un proceso judicial».

Al respecto, ha considerado que la coordinación entre los servicios sociales y la Policía Foral «ha funcionado perfectamente».

El vicepresidente ha explicado que la Policía Foral demandó información y la que se aportó por parte del Ejecutivo «fue importante dentro del proceso de las diligencias policiales».

En cualquier caso, ha destacado que la propia Policía Foral «nos demandó que no hiciéramos ninguna intervención, lógicamente antes de que acabara sus diligencias».

Laparra ha indicado que «la situación que se ha planteado, con estas detenciones, es sobre todo una situación de delincuencia», ya que «estamos hablando de supuestos delincuentes y con actuaciones reiteradas y sistemáticas».

«Eso creo que es lo esencial y ahí tiene que estar preferentemente el foco de la atención», ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que, a su juicio, la detención del colectivo «se ha asociado a las prestaciones sociales y eso es lo que a nosotros nos parece totalmente desafortunado».

En ese sentido, ha precisado que, del conjunto de personas detenidas en esta operación policial, once son perceptoras de renta garantizada. «Son once personas de 35.000 que ahora mismo están en el programa de renta garantizada», ha remarcado.

Por tanto, ha advertido de que «no se puede caer sin duda en una generalización y en un proceso de criminalización de la inmensa mayoría de perceptores cuyo único delito ha sido perder un empleo» y «están también desprotegidos de la protección social».