Madrid usurpa el Govern, Hacienda, el Parlament, los Mossos y TV3

La aprobación por el Senado de la petición de aplicación del artículo 155 de la Constitución española acordado ayer por el Consejo de Ministros supone que Madrid toma el mando de la autonomía catalana, sustituyendo a su president y a su Govern, anulando al Parlament, controlando la Hacienda y la Seguridad y convirtiendo TV3 en su TVE.

El Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez y Ciudadanos, decidió ayer aplastar la autonomía catalana. El PP, que tiene el 8,49% de los votos en el Parlament, se hará con el control total de Catalunya gracias a su mayoría absoluta en el Senado. Las medidas acordadas en el Consejo de Ministros suponen que Madrid toma el mando de la autonomía catalana, sustituyendo a su president y a su Govern, anulando al Parlament, controlando la Hacienda y la Seguridad y convirtiendo TV3 en su TVE.

La usurpación de los poderes legítimos catalanes debería dar lugar a la convocatoria de unas elecciones autonómicas en Catalunya en el plazo de seis meses desde su aprobación en el Senado. El acuerdo del Consejo de Ministros no aclara qué ocurriría si de producirse esas elecciones volviera a darse una mayoría absoluta independentista o si prevén aplicar la «vía vasca» y proceder a la ilegalización de formaciones soberanistas con el fin de lograr una mayoría unionista en la Cámara.

El Senado ha ajustado su calendario de esta semana para que la laminación de la autonomía catalana se apruebe en un pleno el próximo viernes durante la mañana y por la tarde el PP pueda ya tomar las medidas deseadas. Este es un resumen:

A Cese del president de la Generalitat, del vicepresidente y de todo el Consejo de Gobierno

En cuanto el Senado apruebe las peticiones del Consejo de Ministros, Mariano Rajoy podrá proceder al cese del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de su vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos y cada uno de los consejeros y consejeras del Govern.

El acuerdo adoptado ayer no aclara quién asumirá sus cargos. Afirma genéricamente que el ejercicio de las funciones del Govern «corresponderá a los órganos o autoridades que cree a su efecto o designe el Gobierno de la Nación».

En todo caso, el Consejo de Ministros especifica de forma clara que toma para sí la competencia del president de la Generalitat para decretar la disolución anticipada del Parlament y para la convocatoria de elecciones autonómicas. Añade que esa convocatoria deberá ejercitarse en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación en el Senado.

El PSOE habló ya el viernes de enero como mes electoral, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, puso incluso día a la convocatoria: el domingo 28.

B Control absoluto de la Administración de la Generalitat con amenaza a los funcionarios

La Administración de la Generalitat seguirá funcionando como «la organización administrativa ordinaria» que ejerce las competencias recogidas en el Estatut, pero tanto la Administración General como el resto de organismos, entes y entidades, y el sector público empresarial catalán, quedan a las órdenes del órgano que se cree en Madrid, que será por ejemplo quien decida los nombramientos y ceses.

El Gobierno español amenaza con que quien incumpla sus órdenes deberá hacer frente a su «responsabilidad disciplinaria», «sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar».

C1 Seguridad y orden públicos

Madrid toma el mando de los Mossos d’Esquadra, a los que podrán «dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento», cuya desatención será también castigada. Está previsto, además, el «despliegue» de Policía Española y Guardia Civil en territorio catalán.

El Gobierno español aclara que, «en caso de que sea necesario», cualquier miembro de los Mossos –no solo sus mandos– «serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

C2 Madrid se queda con la Hacienda

«El Gobierno de la Nación» se hace ya definitivamente con el control de la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestara», es decir, con todas las labores de la Hacienda catalana, con la excusa de que no se destinen partidas «a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso soberanista».

C3 Convertir TV3 en TVE

El Gobierno de Mariano Rajoy usurpará también todas las competencias en materia de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales que ejerce todavía la Generalitat.

No se puede dejar pasar sin mencionar que Madrid afirma que va a hacerse con el control de la Radiotelevisión Pública Catalana para «garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña».

Ayer mismo, en la retransmisión de la manifestación que hizo TV3, había comentaristas que defendían la visión unionista, lo que habla bastante claro de la pluralidad de los medios públicos catalanes, que nunca se ha visto, por ejemplo, en TVE.

D Anulación del Parlament

Las funciones del Parlament quedan prácticamente anuladas, hasta el punto de que las funciones de control sobre los órganos de gobierno que imponga Madrid corresponderán «a un órgano que designe a tal efecto el Senado».

El Parlament no podrá proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat que sustituya al cesado, ni investirlo. Tampoco podrá impulsar su acción de gobierno.

Podrá ejercer su actividad legislativa, pero siempre que no contradiga los criterios del Gobierno del PP.

Cuando se aprueben todas estas medidas, la autonomía catalana quedará aplastada.

Solo Unidos Podemos critica desde el Estado

De los partidos de ámbito estatal con representación institucional, solo Unidos Podemos criticó –y con dureza– las medidas adoptadas por «el bloque monárquico» y que consideran que «suspenden la democracia no solo en Catalunya sino también en España». Lo afirmó su secretario de Organización Pablo Echenique, quien añadió que la decisión «rompe los consensos de los pactos del 78 de convivencia territorial».

Según Echenique, «cualquier demócrata tiene que tener los pelos de punta» tras escuchar al presidente del Gobierno. Y criticó además que las «excusas que ha dado Rajoy para no dialogar se caen por su propio peso» porque, según recordó, el propio expresidente José María Aznar «negoció con ETA».

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, calificó la aplicación del 155 de «peligrosa» e «irresponsable». GARA

Euskal Herria se pone del lado de las autoridades catalanas

Instituciones y la mayoría política de Euskal Herria se posicionaron ayer claramente en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno español con la complicidad de PSOE y Ciudadanos, y salieron en defensa de las autoridades catalanas y su pueblo.
A través de un mensaje en redes sociales, trasmitido también a todos los medios de comunicación, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, afirmó que «el Gobierno español ha puesto en marcha una aplicación del artículo 155 de la Constitución en su versión más extrema y de incierta consecuencia». Aseguró que «es una medida excepcional y desproporcionada que, por mucho que lo quieran justificar con todo tipo de campaña y acompañamiento, no tiene justificación de un propósito de convivencia social y política. No va a resolver el problema, dinamita los puentes, genera más tensión y fractura. No sólo no favorece una solución sino que complica su búsqueda».
Urkullu hizo también «un llamamiento al Gobierno de la Generalitat a actuar con inteligencia y audacia para no dejar el destino de Cataluña en la inercia de una escalada que no conduce a ningún futuro. Y apeló a la desescalada planteada por el propio president en su intervención en el Parlament el día 10. Urkullu le ofreció su apoyo para eso.
En similares términos se expresó el PNV, que ya lógicamente votará en el Senado contra la aplicación de esta normativa de excepción. Geroa Bai criticó una decisión que calificó como «el fracaso de la política».
Por parte de EH Bildu, su senador, Jon Iñarritu, aseguró que la decisión del Consejo de Ministros es «un ataque a la ciudadanía y al pueblo de Cataluña, y supone el ejemplo de lo que es un golpe de Estado de libro que incluso vulnera la propia legalidad del Estado». Añadió que con esta decisión «queda en evidencia también cuál es la debilidad» del autogobierno de vascos y vascas, así como de sus derechos y libertades «como pueblo».
En un sentido similar, el sindicato LAB advirtió de que la «involución autoritaria» del Estado español también «afectará a Euskal Herria si no somos capaces de construir un muro democrático».
Elkarrekin Podemos también se posicionó en contra y en sintonía con Unidos Podemos.
Gure Esku Dago aseguró que el anuncio de Madrid es «puro totalitarismo» y un «ataque directo a la democracia». Acompañó sus críticas de un llamamiento  a la ciudadanía vasca a aumentar sus muestras de solidaridad y a participar activamente en las iniciativas a favor del derecho a decidir que se convoquen. GARA