Calidad y cobertura en entredicho en la gestión de las residencias de Bizkaia

La reprobación de EH Bildu a la diputada vizcaina de Acción Social, pone sobre la mesa datos que cuestionan calidad y cobertura de las residencias y que comparten otros agentes.

«La huelga de las trabajadoras de residencias de Bizkaia ha finalizado, pero no las deficiencias en el servicio público». Es la reflexión que lanzó el grupo juntero de EH Bildu esta pasada semana al presentar la reprobación de la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles y, de hecho, el conflicto laboral tiene mucho que ver con las voces que en los últimos tiempos se han alzado para poner en cuestión una atención que no es tan intachable como el Gobierno foral pretende vender, según remarcan.

No es, por tanto, una visión exclusiva de la oposición en las Juntas Generales; familiares de residentes, el colectivo que agrupa a personas jubiladas que luchan por sus derechos Pentsionistak Martxan, sindicatos y otros agentes vizcainos se alinearon sin ambages con las demandas del colectivo de trabajadoras, con un mensaje reflejo: «dime cómo trabajas y te diré qué calidad puede tener el servicio que prestas».

De ese conflicto que ha acabado con acuerdo 360 días de huelga después, no se ha cuestionado que sus demandas como trabajadoras estuvieran justificadas ni la veracidad de testimonios muy duros y hasta escandalosos sobre las condiciones en las que se ven obligadas a trabajar, teniendo en cuenta que el trabajo del que hablan consiste en algo tan sensible como asistir a personas mayores dependientes. Tampoco se han desmentido cifras como las ofrecidas por el sindicato ELA sobre los beneficios empresariales, que llegaron a superar los 2,2 millones de euros entre los años 2012 y 2014 para un solo grupo empresarial.

Por ello, destaca EH Bildu que la reprobación contra Sánchez Robles la presentan para pedir responsabilidades en la gestión de ese servicio que se ha cuestionado, y que la primera razón para hacerlo tiene que ver con «la irresponsabilidad de la Diputación ante este conflicto».

Los junteros de la coalición recuerdan que durante el conflicto emplazaron una y otra vez a la Diputación a implicarse y su respuesta siempre fue mantenerse al margen, alegando que se trataba de «un conflicto entre trabajadoras y empresas», pese a que es la Administración foral la que pone más de 100 millones de euros al año para la gestión privada o concertación de plazas, según indican.

El uso del dinero público

«Se trata de uso de dinero público», remarcaron los junteros de EH Bildu Arantza Urkaregi y David Lopategi. Recordaron, asimismo, que pese a ese doble discurso de preocupación por los resientes pero de que nada podían hacer, el Gobierno foral presionó en el último momento «utilizando el proceso de concertación de plazas residenciales», algo que podía haberlo hecho mucho antes, según plantearon.

La reprobación pone sobre la mesa datos que contrastan con el mensaje de óptima gestión de la red de residencias lanzado repetidamente desde los responsables forales. «La Diputación dice que en Bizkaia tenemos una red de residencias amplia y equilibrada, pero los datos indican lo contrario», explican desde EH Bildu, exponiendo que de las 24 áreas en que se divide el servicio residencial en el herrialde solo en 9 se cumple el nivel mínimo de cobertura que establece el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAV. Ofrece un dato representativo, «en Getxo hay 91 plazas en la residencia municipal y 86 en la concertada para 17.684 personas con 65 o más años, es decir, la cobertura es del 1%».

«No hay plazas suficientes»

«Tampoco es cierto que en Bizkaia se garantice el servicio de calidad para todas las personas que lo necesiten» señala EH Bildu en la reprobación. «No hay plazas suficientes en las diferentes áreas y, sin embargo, la Diputación sigue diciendo que las personas mayores dependientes pueden elegir residencia», apuntaron los junteros, señalando otra razón de su reprobación. Según apuntan, «si no hay plaza residencial, o la persona dependiente no acepta la plaza que le ofrece la Diputación, esta le concede una prestación vinculada al servicio, es decir, le da entre 401,20 y 833,96 euros y la persona tiene que abonar lo que falta para una plaza privada, otros entre 1.500 y 2.000 euros». «En definitiva, todas las personas dependientes de Bizkaia no pueden elegir plaza, solo elige quien tiene capacidad económica para abonar una residencia privada», explicaron.

Plantea, asimismo, EH Bildu que la Diputación defiende que el servicio residencial de Bizkaia se basa en la colaboración público-privada, pero «está en manos de empresas privadas». Según señala la coalición, de 5.110 plazas, 340 son del IFAS (Instituto Foral de Asistencia Social) y 577 de residencias municipales, el resto está gestionado por empresas privadas, tanto las 1.669 plazas de Azpiegiturak SA como las 2.544 plazas concertadas.

«Las empresa privadas gestionan el 82,45% de las plazas de responsabilidad pública de Bizkaia», remarca la coalición, y agrega que en los últimos 15 años se han creado plazas en Azpiegiturak (de propiedad foral pero gestión privada); las tres últimas residencias, en 2011, Bilbozar y Jose María Azkuna; y en 2016, Zorrozgoiti, son gestionadas por el grupo Igurco (IMQ, Adeslas y Cosimet).

La otra cuestión motivo de reprobación es la campaña lanzada por el Gobierno de Unai Rementeria “Ayudas sí; control, también”. «Acceder a los servicios y prestaciones sociales, cuando cumples las condiciones, es un derecho, no una ayuda» y desde diciembre de 2016 «este es un derecho subjetivo, recogido por Ley y como tal debe ser garantizado», expuso la coalición. Criticó que «el mensaje no se dirige a utilizar bien el dinero público, sino que da a entender que quienes cobran ayudas sociales deben ser controlados porque hacen fraude».

Considera EH Bildu que es «imprescindible un cambio en la orientación» de la Acción Social. La opción de la reprobación tiene mucho que ver con una experiencia que acumula la oposición desde principios de legislatura, la constatación de que las iniciativas que plantea no tienen ningún efecto para un Ejecutivo que insiste en la excelencia de su modelo de gestión sin atisbo de autocrítica.

Apunta la coalición que ha contrastado este paso con diversos agentes, que ven «lógico» exigir responsabilidades políticas. Según comentan, no lo han hecho con otros grupos de la oposición, aunque es conocida su postura igualmente crítica con el modelo actual.

De hecho, la reprobación se centra en un servicio tan delicado como la atención a personas mayores dependientes, pero no es el único servicio social vizcaino que se ha visto resentido. «El problema de la subcontratación es general en toda la acción social, así como la necesidad de recursos que ya han advertido servicios como Bidaide e incluso técnicos del Servicio de Infancia, en este caso alertando de que su carga de trabajo está muy por encima de lo aconsejable para una correcta atención de los casos. Los expedientes que manejan se han duplicado, con lo que eso supone, y hablamos en este caso de atención a niños», explica la segunda fuerza política en las Juntas vizcainas.

Alertan de que privatizando gana la empresa a costa de la atención

Pentsionistak Martxan se movilizó el viernes en demanda de servicios públicos de calidad. No es la primera ocasión en la que que el colectivo llama la atención sobre la realidad frente al discurso de los responsables políticos. Denunció que las instituciones están promoviendo una rápida privatización de los servicios como las residencias, el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día...».

«El objetivo es financiar empresas de servicios privados con fondos públicos, quitarse de en medio la responsabilidad de la gestión pública, reducir la calidad del servicio garantizando beneficios a empresas, que en su mayoría carecen de medios personales y materiales para ofrecer un servicio de calidad», expuso.

Denunció que «no se promociona la construcción de nuevas residencias públicas y se incentiva a las privadas con el llamado “Cheque de Residencias” y que «se está reduciendo el servicio de atención a domicilio «hasta extremos ineficaces», que pueden llegar a ser de «media hora». Expuso Pentsionistak Martxan que el servicio de Tele Asistencia, dependiente de Lakua, se saca a concurso por 15 millones de euros y «las contratas han subcontratado servicios reduciendo la plantilla mientras crece exponencialmente el número de usuarios y usuarias».N.G.