Etxerat pide reconocimiento legal para las víctimas de la dispersión
Etxerat ha remitido a todos los grupos del Parlamento de Gasteiz un documento en el que pide que se haga una «lectura amplia» de la Ley de víctimas 12/2016 para ofrecer un reconocimiento legal a las 16 víctimas mortales y decenas de heridos que ha provocado la política de dispersión organizada por el Estado.
Cuando se acerca el 10 de noviembre, «Día de las Víctimas» en la CAV, Etxerat ha remitido a los grupos del Parlamento un informe titulado “De la sombra, a la luz del reconocimiento”, en el que hace un repaso de la situación actual de las presas y presos vascos dispersados, y de las consecuencias que ello ha tenido para sus familiares y allegados, con 16 muertes y decenas de heridos en accidentes de tráfico en los largos viajes para las visitas.
La asociación expone que «hay que considerar a las víctimas mortales de la dispersión, como víctimas de vulneración del derecho a la integridad física, y en su caso, a la vida». Entiende que «una lectura amplia de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 debería permitir a estas víctimas recibir reconocimiento y reparación».
También aclara Etxerat que no pretende «ni clasificación ni comparación del dolor. Pero buscamos abordar un sufrimiento no reconocido» y que se sigue manteniendo en la actualidad. Por lo que su objetivo es «terminar definitivamente con el sufrimiento y buscamos que lo que ha ocurrido nunca más vuelva a ocurrir».
En el documento se deja constancia de que «somos conscientes de la controversia que existe sobre si las víctimas de la dispersión son víctimas de vulneraciones de derechos humanos. La controversia es política, relativa al relato de violencia existente en este país. Pero asimismo tiene una vertiente técnica, de derecho internacional de los derechos humanos».
«Ejercicio de un derecho»
Etxerat recuerda que las presas y presos vascos de motivación política son alejados de su entorno «con carácter sistemático y universal», lo que supone un castigo añadido para sus familiares y allegados. Prácticamente un 70% están a entre 600 y 1000 kilómetros de sus domicilios familiares.
De ahí que la asociación recuerde que «los desplazamientos a las prisiones no son un viaje de placer ni un capricho». Son viajes semanales «de hasta 2200 kilómetros y que superan las 24 horas en carretera», que constituyen para ellos la única forma de «ejercer el derecho a la vida privada y familiar» que figura «recogido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos».
El alejamiento generalizado no responde a medidas de seguridad, ni a una infracción determinada, sino que se trata «de una medida coactiva» como ha expresado en reiteradas ocasiones el propio Gobierno, según recoge Etxerat. Y produce que los familiares se vean sometidos a «un importante desgaste, físico y psíquico, que se manifiesta en daños y enfermedades y agudiza los que ya pudieran sufrir los afectados». A esto se suman los riesgos de los viajes. El documento recoge que «no vamos a entrar en si el desenlace es el perseguido (doloso) o simplemente es un efecto indirecto, colateral, involuntario. El hecho es que, tal y como la práctica nos dice, ocurre». Lo que se agrava con que el Estado insiste en su voluntad de mantener la actual política penitenciaria.
Por todo ello, Etxerat reclama que las víctimas de la dispersión «deben tener un reconocimiento de víctima de vulneración de derechos por motivación política en igualdad de condiciones que otras víctimas».