La batalla de las consultas contra el extractivismo en Guatemala
La hidroeléctrica Oxec, en Santa María Cahabón, es el escenario de la última batalla comunitaria contra empresas extractivistas en Guatemala. Los jueces la han convertido en el modelo de proceso consultivo a los vecinos. Sus detractores organizaron una consulta popular que el Estado no reconoce.
Está usted de acuerdo con que se utilice el agua de los ríos Oxec y Cahabón para la instalación de hidroeléctricas en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz?». Esta es la pregunta que se les planteó a sus 70.000 vecinos en la consulta comunitaria celebrada el 28 de agosto. Cerca de 18.000 de sus 26.000 empadronados mayores de edad tomaron parte en ella, según los organizadores. A ellos se sumaron 8.000 menores, de entre 7 y 17 años. Prácticamente todos rechazaron la infraestructura. El Estado, sin embargo, no reconoce la legitimidad de la consulta. Santa María Cahabón, territorio q'eqchi' ubicado en Alta Verapaz, a 300 km de la capital pero ocho horas de coche por el mal estado de las carreteras, se ha convertido en el escenario de la gran batalla por los procesos participativos sobre proyectos extractivistas.
La pugna tiene un ámbito local, relacionado con la planta hidroeléctrica construida por Oxec SA y que opera en los ríos Oxec y Cahabón desde 2015. Una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de mayo la convirtió en una batalla nacional. En el fallo, los jueces reconocieron que los comunitarios no fueron preguntados, según obliga el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula las consultas a pueblos indígenas y que Guatemala suscribió en 1996, en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz. La gran novedad es que, por primera vez, los magistrados dieron al Congreso un plazo de un año para aprobar un reglamento y fijaron las líneas que deben marcar estos procesos. Pese a reconocer que no se habían respetado los derechos de los pobladores, otorgaron permiso a la empresa para seguir operando un año más. Colectivos indígenas y campesinos, y autoridades ancestrales, se oponen a la regulación porque la consideran un corsé en el que no cabe la diversidad de Guatemala, donde conviven 22 comunidades lingüísticas maya.
«Lo único que legamos a nuestros hijos son nuestras tierras. Tenemos que ser responsables». Valerio Tiul, agricultor como todos sus vecinos, es uno de los participantes en la votación de la aldea de Salac I, ubicada en la denominada «área de influencia» de Oxec. Es decir, en la zona más cercana a una de las presas. Una de las pugnas entre los comunitarios y el Estado y la empresa es a quién preguntar. Los lugareños que se oponen a la infraestructura defienden que debe consultarse a todo el municipio de Santa María Cahabón, compuesto por 196 poblados. La compañía y la administración limitan la pregunta a las once aldeas cercanas a las plantas. Esta es la posición defendida también por la Corte de Constitucionalidad.
Según denuncia Tiul, la presencia de la hidroeléctrica, que recibió su primer permiso en 2013, opera desde 2015 y tiene previsto inaugurar su segunda planta en 2018, ha generado daños en el caudal del río. Cree que, en el futuro, será perjudicial para la comunidad. Argumentos más concretos se escuchan en Las Tres Cruces, otra de las once aldeas del «área de influencia». Gilberto Cucul, alcalde auxiliar y presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode, una estructura administrativa local), denuncia la muerte de peces, lo que constituía una de sus fuentes de ingresos. En Sepoc, también cercana a la hidroeléctrica, su alcalde, Eugenio Choc, afirma que la presa ha estancado al río que atraviesa la aldea, por lo que teme inundaciones cuando se producen lluvias. Y denuncia que los trabajos de la constructora israelí Solel Boneh han destruido cuevas consideradas sagradas para los mayas.
No todos en el «área de influencia» rechazan la infraestructura. En 2012, antes de que el Ministerio de Energía y Minas otorgase el permiso para actuar, representantes de Oxec SA firmaron convenios con las once aldeas a las que prometieron ayuda económica para los próximos veinte años a cambio de su apoyo a la empresa y de que diesen la espalda a organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) o el colectivo ecologista Madre Selva.
Aquellos pactos generaron dos bandos en las comunidades del «área de influencia». En Salac I, por ejemplo, la división era muy visible el día en el que se celebró la consulta. Frente al lugar donde los detractores de la hidroeléctrica se reunieron para votar se concentraba otro grupo, al menos tan numeroso, de partidarios de la infraestructura. «Todos vamos a la misma iglesia, construida con la ayuda de la empresa. Todos nos hemos beneficiado de sus ayudas. Ahora no pueden decir que no sirve. Si no hubiese ricos no conseguiríamos trabajo», afirma Abelino Caal, líder del grupo defensor de la planta, ubicada a cuatro kilómetros de la aldea. No llegaron a las manos, aunque hubo tensión durante toda la jornada.
En La Escopeta, otra comunidad pegada a la hidroeléctrica, ni siquiera hubo votación. Todos sus habitantes trabajan temporalmente en la construcción o como operarios. José Chun es empleado fijo y se encarga de distribuir los turnos. Él cobra 3.000 quetzales (346 euros) al mes. Por una semana, cada trabajador se embolsa 750 quetzales (86,54 euros). Una buena suma, si se toma en cuenta que un agricultor cobra 34 quetzales (3,92 euros) por una jornada de trabajo.
A día de hoy, la empresa y el Ministerio de Energía y Minas defienden la consulta planteada por la CC, en la que han encontrado una ventana de oportunidad. Sostienen que solo debe preguntarse a los vecinos de once comunidades, las que forman parte de la denominada «área de influencia». De fondo aparece un debate mucho más profundo. El Estado busca reglamentar una consulta de modo que sea imposible que los comunitarios puedan oponerse al proyecto. «No es cuestión de un ‘sí’ o un ‘no’», le dijo al medio local Plaza Pública Leticia Teleguario, ministra de Trabajo. Ella fue la encargada de elaborar una guía de consultas que se utiliza mientras el Congreso no apruebe un reglamento. Diversas autoridades ancestrales y grupos campesinos e indígenas lo han rechazado, argumentando que se trata de un corsé en el que no cabe la diversidad guatemalteca. Por el contrario, se da la paradoja de que las cámaras empresariales, que antes rechazaban las consultas, ahora meten prisa para que se imponga una reglamentación.
«Consulta de buena fe»
Por el lado comunitario las preocupaciones son otras. En el caso de Santa María Cahabón, los vecinos rechazan que se pregunte únicamente a los habitantes del «área de influencia» (unos 6.700 en total) y exigen que la consulta se extienda a todo el municipio. Por eso celebraron la denominada «consulta de buena fe». El sistema es sencillo. En cada una de las aldeas, tras repetir la pregunta en castellano y q'eqchi', que es la lengua que se habla en esta comunidad, los defensores del «sí» y el «no» levantan la mano e introducen su documentación en un sombrero. Posteriormente, uno a uno, los participantes pasan por la mesa de la Presidencia para ratificar su sufragio cuando son llamados.
El Estado no reconoce la validez de la consulta. De hecho, pagó anuncios en radios comunitarias y Facebook para instar a los vecinos a no tomar parte en las votaciones.
La pregunta es cuál va a ser el siguiente paso de los opositores. Bernardo Caal Xol, maestro y activista que interpuso el amparo contra la hidroeléctrica, insiste en dar validez al proceso de agosto. Vaticina más movilizaciones y recursos a entes judiciales como la Corte Iberoamericana. Julio González, de Madre Selva, pone en cuestión el modelo extractivista. Asegura que estas empresas provocan daños en el medio ambiente y solo generan beneficios para sus accionistas.
Mientras Guatemala sufre su peor crisis en los últimos dos años a raíz de los nuevos procesos judiciales por casos de corrupción de su clase política y empresarial, el problema de las hidroeléctricas y las mineras se enquista. La Corte de Constitucionalidad ha dado esperanza a unas empresas que, por un lado, se habían aprovechado de la falta de Estado para comenzar sus trabajos y, por otro, apelan a la «certeza jurídica» para poder seguir operando. Sus detractores preparan nuevas protestas. Creen que este podría ser un punto de partida para aglutinar a sectores descontentos con un sistema político y económico que sufre un fuerte desgaste.
Cómo sustituir al Estado cuando este no existe
Gilberto Cucul, alcalde de Las Tres Cruces, tiene interpuesta una denuncia contra su cuñado, menor de edad, por amenazarle con una escopeta. Se encontraba trabajando el campo, acompañado por su hijo menor de edad, cuando el agresor comenzó a disparar al aire, le instó a dejar la comunidad y le recriminó su oposición a la hidroeléctrica. Es un ejemplo de hasta qué punto se han quebrado las comunidades ante la presencia de la hidroeléctrica. Cucul muestra la pared de otro de sus vecinos, donde se aprecia la marca que dejaron varios golpes de machete. Asegura que se trata también de persecución por cuestionar a la empresa.
En Oxec niegan que exista una estrategia para hostigar a los críticos con la infraestructura. Sin embargo, en 2012 firmaron un convenio con las 11 comunidades del área de influencia en el que se comprometían a apoyarles económicamente a cambio de su rechazo a las organizaciones que se oponen a la hidroeléctrica. En uno de esos documentos se llegaba a señalar a dos vecinos, Carlos Sotz y Francisco Tec, a quienes se calificaba como «líderes negativos». Tec relató haber sido atacado por hombres armados con machetes enagosto, aunque no interpuso denuncia ante la Policía ya que no confía en las instituciones.
Los defensores de la empresa aseguran que ellos también han sufrido ataques.
Regalar bienes y servicios a la comunidad a cambio del apoyo es una constante en este tipo de proyectos. La empresa aprovecha que el Estado apenas existe y se convierte en un referente, ofreciendo atención médica o construyendo una iglesia. Valeria Prado insiste en que actúan movidos por las carencias que observan en el entorno. Aunque en uno de esos convenios se llegó a amenazar con retirar los fondos de la empresa a toda la aldea si uno de los vecinos de una comunidad se sumaba a grupos como Codeca o CUC. Un motivo para estigmatizar e incluso perseguir a aquellos que protestan contra la hidroeléctrica.
En Guatemala existen 31 proyectos hidroeléctricos que generan el 34% de la energía del país. Buena parte del flujo se destina al exterior. El país es el mayor exportador de energía de Centroamérica.A. PRADILLA