El Gobierno navarro pide que se reconsidere la calificación como «terrorismo» del caso de Altsasu
El Gobierno de Nafarroa se ha sumado a la declaración del Parlamento Foral sobre la trifulca de Altsasu, en la que se solicita al órgano judicial implicado la reconsideración de la calificación penal de los hechos y la devolución de la competencia al Juzgado de Iruñea.
Los hechos, que están siendo investigados como delito de «terrorismo», tuvieron lugar en la noche del 15 de octubre de 2016 en un bar de Altsasu, donde se produjo una trifulca en la que se vieron implicados dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas, por la que fueron detenidos posteriormente diez jóvenes de edades comprendidas entre 19 y 24 años.
En su sesión de hoy el Ejecutivo, según ha informado su portavoz, María Solana, ha acordado tomar en consideración la declaración aprobada por el Cámara navarra el pasado 20 de noviembre por la que manifiesta su «máxima preocupación» por el desarrollo de los acontecimientos en torno a «esos lamentables hechos».
E Gobierno manifiesta «desacuerdo» con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, lo que puede conllevar «penas desproporcionadas» para los jóvenes encausados, tres de los cuales se encuentran en prisión.
En esta línea se solicita a los organismos judiciales implicados la reconsideración del caso a fin de devolver la competencia al Juzgado de Iruñea para continuar con la instrucción de los hechos.
Asimismo se pide a la Comisión Europea que, a través del órgano que corresponda, determine «si la transposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en el Estado español» y «si la petición fiscal en este caso es compatible con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales"».
El texto incluye dar traslado del acuerdo al vicepresidente de la Comisión Europea y a las direcciones generales Unión en la Seguridad y de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.
El Ejecutivo foral manifiesta además su compromiso de colaboración con la Comisión Europea en la realización de las acciones oportunas a fin de evitar «situaciones desproporcionadas», tal y como prevén la Comisión Europea y Eurojust.