El régimen colonial del 155, laboratorio del unionismo

En la administración catalana bajo el control del 155 apenas se puede dar un paso oficial sin notificárselo a Madrid. En castellano, por supuesto. Programas en suspenso, despidos y pérdida de toda competencia resumen una realidad ocultada por la pugna del 21D.

El pasado 30 de octubre, solo tres días después de que el Senado otorgase el control de la Generalitat al Gobierno español a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, representantes de los departamentos de Educación de las comunidades autónomas se reunieron con el ministerio del ramo en la conferencia sectorial. En el orden del día, entre otros puntos, la decisión sobre la prueba memorística en el mecanismo destinado a reducir la interinidad del profesorado. En el momento de las votaciones, las ocho comunidades autónomas controladas por el PP votaron a favor de la prueba, que castiga precisamente a aquellos que ya ejercen la labor docente y premia a los que tienen más tiempo para estudiar. En contra votaron las otras ocho comunidades que escapan al control del partido de Rajoy. En una situación normal, Catalunya hubiese decantado el voto, pero con el 155 de por medio, el desempate quedó en manos de Ceuta y Melilla, pequeños feudos del PP.

El hecho no generó ningún titular, pero es uno de los múltiples e incontables efectos colaterales de la suspensión de la autonomía catalana. La anécdota la revela Ramon Font, portavoz del sindicato mayoritario en la enseñanza catalana, USTEC. «Teníamos una administración con todas las competencias, pero ahora todo tiene que pasar por Madrid, vamos hacia una administración colonial», describe Font.

Le pedimos más ejemplos concretos: «En el departamento ha habido un nombramiento que no responde a los deseos de la consellera en el exilio [Clara Ponsatí], según nos dijo ella misma. Desde el Ministerio se ha nombrado director general de centros concertados –que deben renovar sus conciertos el mes que viene– a un portavoz la patronal de escuelas cristianas».

Los efectos de la suspensión de la autonomía los refrenda Roser Palol, portavoz de la Intersindical-CSC, uno de los principales sindicatos impulsores de las huelgas generales del 3 de octubre y el 8 de noviembre. Añade como ejemplos concretos y palpables de la suspensión «la intervención de las comunicaciones internas», así como los retrasos o incluso la alteración o paralización de programas enteros. Habla, por tanto, de los efectos combinados del 155 y del control de las finanzas catalanas por parte de Madrid, algo que ocurrió ya en setiembre, sin necesidad de orden ministerial ninguna.

Palol explica, en concreto, que varios programas de salud mental han tenido que quedar en suspenso, o que, por ejemplo, la imposibilidad de contratar a 200 profesionales el 1 de noviembre para atender a menores no acompañados significó que «hasta que el 20 de noviembre no se aplicó una medida de urgencia, varios menores vulnerables en situación precaria, procedentes muchos de países en conflicto, tuvieron que malvivir 20 días en los juzgados».

Despidos, castellano e incertidumbre

Tras la aplicación del 155, trabajadores de la Administración catalana han constituido la plataforma Servidors, que monitoriza los efectos de la suspensión de la autonomía. El pasado 1 de diciembre publicaron un primer inventario en el que enumeran las consecuencias personales del 155, empezando por el exilio o la cárcel del Govern, el despido de 196 trabajadores, los 40 organismos suprimidos o intervenidos, la incidencia económica de la intervención y aspectos de primera línea como las visitas de los hombres de negro a las consellerias catalanas o la castellanización de la administración: todos los trámites que deben pasar por Madrid, que son muchos, deben ser escritos o traducidos al castellano.

Los ceses y despidos de 196 trabajadores apenas han levantado polvareda alguna, pero tienen su miga. Por un lado, porque han incluido los despidos de una cuarentena de trabajadores indefinidos que tenían su plaza en las delegaciones de la Generalitat en el exterior, cerradas por el Gobierno español, y por otro lado, porque el cese de los altos cargos, además de los consellers, ha supuesto el descabezamiento de todos los departamentos catalanes. «Aquí, por ejemplo, apenas se ha visto a los hombres de negro, no hay órdenes de Madrid a la conselleria, pero como tampoco hay conseller ni secretarios generales, esto es un poco como un pollo sin cabeza, todo va por inercia y nadie sabe muy bien dónde acudir en busca de directrices», señala a GARA una trabajadora del departamento de Asuntos Sociales.

Así, junto a consecuencias directas como la entrega de las obras de arte de Sixena a Aragón o el veto a los Mossos a comprar munición –conocido ayer–, la aplicación del 155 va dejando un poso que genera, sobre todo, dos preguntas: ¿Hasta cuándo va a durar? Y ¿va a ser sencillo recuperar toda la autonomía? Desde la Intersindical-CSC, Palol lo tiene claro: «Hay cosas que volverán a la normalidad fácilmente, pero otras como las delegaciones extranjeras tardarán mucho en ser recuperadas». «Por cada día que pasamos bajo el 155 se necesitará un día más para salir de él», resume.

Desde la USTEC, Font comparte la incertidumbre: «Controlar el sistema educativo en dos meses es imposible, pero ya van haciendo cosas, como controlar la inspección, que apuntan a sus dos grandes obsesiones: acabar con lo que ellos llaman adoctrinamiento y enterrar la inmersión lingüística. Es lo que harán si consiguen gobernar durante mucho tiempo».