Profesionales de la abogacía y la sanidad se adhieren a la manifestación de enero en Bilbo

Una veintena de profesionales de la abogacia y la sanidad ha comparecido en la capital vizcaina para adherirse y además llamar a la ciudadanía vasca a que participe en la movilización nacional convocada por Sare para el 13 de enero en Bilbo, «porque nos une la defensa de los derechos humanos, siendo el primero de todos el derecho a la vida, pero también el derecho a la salud y a la calidad de vida».

Vestidos con las togas que emplean en las salas de vistas y las batas que portan en los centros sanitarios en su quehacer diario, los profesionales de la abogacía y la sanidad han explicado que ambos colectivos comparten «principios fundamentales» como son la defensa de la vida y de la integridad física de las personas, así como la justicia y la democracia. Por ello, la auxiliar de enfermería Zaida Casales y el abogado Félix Cañada, en nombre de los reunidos, han exigido que «se acabe ya con el uso y el abuso vengativo de la ley como arma política para causar daños añadidos a las personas presas y a sus entornos familiares».

Frente a esa política, han reivindicado «los derechos humanos para todas las personas. También, y en este caso especial, para las que se encuentran privadas de libertad».

Los profesionales vinculados a la sanidad han expresado su oposición a «una legislación de excepción, alejada de los derechos humanos» que, han denunciado, «se traduce en que el derecho a la salud y el acceso a la sanidad se discriminen en función del delito o la pena de las personas encarceladas».

A la espera de que se resuelva el caso de Ibon Iparragirre mientras no se excarcela a otras personas con enfermedades graves o incurables hasta llegar a situaciones límite por expresa orden del Gobierno español, han manifestado que «condicionar esa libertad a un fallecimiento inminente es tan despreciable como ajeno al común de las leyes europeas al respecto»

Su llamamiento a participar en la manifestación de Sare del 13 de enero en Bilbo estiman que supone «dar un paso más en el camino de la resolución, la paz y la convivencia». Han recordado que después de seis años transcurridos desde que ETA anuncia su decisión de abandonar la lucha armada, los estados francés y español vulneran «claramente» los derechos de las personas presas. «El nuevo tiempo en el que nos encontramos, tras décadas de violencia, de muchas violencia y sufrimientos, requiere una nueva forma de mirar al futuro. Este tiempo nuevo –han defendido– exige que prevalezca la equidad y la justicia sobre el odio y el rencor».