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La defensa de De Miguel pide la anulación del juicio y el fiscal, nuevas pruebas

El macrojuicio por presunta corrupción que sienta en el banquillo a ex altos cargos del PNV alavés ha comenzado hoy con la petición por parte de la Fiscalía de nuevas pruebas y testificales mientras que el abogado del principal imputado, Alfredo de Miguel, ha reclamado la nulidad total del procedimiento por la «vulneración» de los derechos de su representado y por la posible "manipulación" de la grabación que propició el inicio de las investigaciones.

Alfredo de Miguel (primero por la derecha) y otros imputados, en la primera sesión del juicio. (Jaizki FONTANEDA/ARGAZKI PRESS)

La primera sesión del juicio por el ‘caso De Miguel’ se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Araba pasadas las 10.15 con las cuestiones previas, que centrarán las primeras sesiones hasta el 18 de enero.

Gonzalo Susaeta, abogado del principal imputado y ex número dos del PNV de Araba, Alfredo de Miguel, al que el fiscal considera el «dirigente» de una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la concesión irregular de contratos públicos, ha solicitado la nulidad total del procedimiento. Argumenta que en esta causa se han conculcado los derechos de su representado, entre ellos, los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.

Asimismo, ha esgrimido que existen «indicios» de que la grabación de audio en la que se sustentó la denuncia que propició el inicio de las investigaciones en 2009 –en la que se acredita la petición del presunto pago de comisiones ilegales a una empresaria– pudo ser «manipulada».

El abogado de De Miguel sostiene que la cadena de custodia que debía mantenerse en torno al dispositivo con el que se efectuó la grabación fue «vulnerada» durante el procedimiento, por lo que considera que esta prueba está «contaminada» y carece de «credibilidad».

Asimismo, Susaeta, que representa también a la mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imputada asimismo en esta causa, ha reclamado que los acusados declaren en último lugar, como en el caso juzgado en Nafarroa por la violación grupal de una joven durante los sanfermines de 2017.

Por su parte, el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha solicitado que testifique el ertzaina que participó en la cadena de custodia de la grabadora que entregó en la Fiscalía la abogada Ainhoa Alberdi, la persona que destapó este caso al denunciar hace ocho años que Alfredo de Miguel le pidió el pago de una comisión de 100.000 euros tras haber sido adjudicada a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

La defensa de De Miguel y la de otros acusados han mostrado su contrariedad por el hecho de que se pidan ahora nuevas pruebas y testificales.

En la vista de hoy, el tribunal presidido por el magistrado Jaime Tapia ha escuchado además las cuestiones previas planteadas por los abogados de 12 de los 26 imputados, entre ellas las de los otros dos exmiembros del PNV alavés Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, quienes se han adherido a la petición de nulidad de todo el procedimiento y a la solicitud de que declaren en último lugar.

Gran expectación

Esta primera jornada del proceso se ha desarrollado rodeada de una gran expectación mediática, por lo que en el Palacio de Justicia de Gasteiz se ha habilitado una sala de prensa para que los periodistas pudieran seguir las sesiones.

Alfredo de Miguel se enfrenta a una posible condena de más de 54 años de prisión.

El escrito de acusación del Ministerio Público implica a 26 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009. Entre los acusados figuran, además del propio De Miguel, otros destacados exdirigentes del PNV, como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para los que pide 32 años de prisión a cada uno.

El fiscal jefe de Araba constata en su escrito de acusación que De Miguel «ideó la creación», en una fecha indeterminada anterior a 2005, de {un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo». El plan para llevar a cabo estas actuaciones. según el fiscal, «fue acordado» por Alfredo de Miguel, su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria, la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.