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Dos exalcaldes rechazan responder en el Parlamento sobre la planta de biometanización de Ultzama

El alcalde de Ultzama entre 2003 y 2012, Patxi Pérez Arregui, y su sucesor, Patxi Tornaría, se han negado a responder a las preguntas de los parlamentarios en la comisión que investiga las supuestas irregularidades en la planta de biometanización del municipio.

Patxi Pérez, exalcalde de Ultzama, en su comparecencia parlamentaria. (Jagoba MANTEROLA / ARGAZKI PRESS)

«Debo acogerme a mis derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y les comunico que me veo en la imposibilidad de responder a sus preguntas», ha manifestado Patxi Pérez al inicio de su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación sobre la planta de biometanización de Ultzama.

Pérez ha considerado «preferible» que «determinadas cuestiones se atiendan a través de las garantías jurídicas. Nos encontramos con una investigación judicial y con una investigación parlamentaria simultáneas en relación con los mismos hechos. Lo razonable es hacer prevalecer la actuación judicial frente a la comisión parlamentaria por la influencia que esta pudiera tener en la vía judicial».

Ha indicado en este sentido que el Ejecutivo navarro «ya ha utilizado información de esta comisión para fundamentar sus acciones judiciales» y que acordó «iniciar este procedimiento poco después de que la propia Fiscalía hubiera archivado este asunto por no apreciar indicios de irregularidad».

«Para algunos de ustedes es indiferente lo que yo les pueda contestar. Ya se ha realizado el juicio político de culpabilidad. De hecho, ya pidieron públicamente dimisión, sin ni siquiera haberse iniciado la comisión de investigación», ha continuado.

Una vez consultado el reglamento, el letrado de la sala ha entendido que «no existe impedimento alguno a la no realización de ninguna contestación por parte del asistente», pero ha aclarado que los parlamentarios podrían realizar las preguntas oportunas para que quedase recogido en el acta correspondiente.

El PP no ha asistido a la comisión

Así lo han hecho los portavoces de los grupos a excepción de UPN, cuyo parlamentario Sergio Sayas no ha formulado ninguna interrogación, y del PPN, que no ha estado presente en la sesión.

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza ha trasladado que «pensaba que aprovecharía la comisión para poder defenderse», y ha formulado las cuestiones que ha considerado pertinentes, aunque sin obtener respuesta alguna.

Antes de plantear su batería de preguntas, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha discrepado con este hecho y ha argumentado que el exalcalde «responderá lo que quiera, pero tiene obligación de responder», porque «no es una persona querellada».

Rubén Velasco, parlamentario de Podemos-Ahal Dugu, ha denunciado la «poca predisposición a colaborar» del exalcalde, de quien ha criticado que «ni tan siquiera ha hecho una mínima autocrítica. Esta comisión no le va a juzgar por delitos asociados a la corrupción, eso le corresponde al ámbito judicial».

Guzmán Garmendia (PSN) se ha mostrado «sorprendido» ante la actitud mantenida por Pérez y ha considerado que «viniendo a este Parlamento y no teniendo ninguna causa judicial, sí que tendría que haber hablado».

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón no ha querido «hacer preguntas que no se contesten. Lamento profundamente que usted haya decidido no participar en esta comisión de investigación porque tiene información privilegiada. Porque usted estaba ahí, y tenía un cargo de responsabilidad».

Tornaría tampoco responde

Posteriormente ha sido el turno de Patxi Tornaría, que accedió a la Alcaldía en 2012, cuando Pérez Arregui fue nombrado alto cargo en el Gobierno foral de UPN.

Ha recordado que no intervino no intervino como concejal «ni en los expedientes de contratación ni en los expedientes tramitados para la concesión de las subvenciones» para la planta y que «actuación como alcalde comenzó en 2012» y «no ha sido puesta por nadie en entredicho».

Tornaría ha considerado «injustos» los cargos que se le imputan en la querella interpuesta por el Gobierno de Nafarroa, pues siempre actuó «con absoluto respeto a la legalidad».