LAB denuncia falta de recursos para asistir a menores en Bizkaia

LAB denunció ayer «las altas cargas de trabajo y la preocupación» que padece el personal que se encarga de atender a los menores que necesitan de protección en Bizkaia. El sindicato, al igual que lo hizo hace meses ante las Juntas Generales, demanda más recursos.

Las tres muertes violentas en las que se han visto implicados menores en Bilbo, algunos de ellos tutelados por la Diputación, han provocado un gran impacto social y dan cobertura al discurso de quienes apuestan por endurecer el modelo penal y policial. Enfrente, aquellos que, como el sindicato LAB, advierten que detrás de estos trágicos sucesos se encuentran realidades sociales de precariedad y exclusión que hay que combatir construyendo un sistema de protección «justo y sólido».

La apuesta de la central es por fortalecer el sistema educativo y de protección social, aunque llevan tiempo alertando de que el Servicio foral de Infancia necesita «urgentemente» más recursos para atender, tanto plazas administrativas como técnicas. Ahí está el dato: un coordinador de la Unidad de Acogimiento Residencial se ve obligado en virtud del Manual de Intervención de Situaciones de Desprotección Infantil a asistir a 30/35 casos pero, en la mayoría de las ocasiones, lo hace a 50. «Algunos educadores no llegan a entrevistarse con un chaval en todo un año», denuncian.

Destacan que las carencias no son obstáculo para que desde diferentes puestos y responsabilidades, educadores, sicólogas, administrativos, terapeutas o cualquier otra función, hagan «una labor impagable, con unos recursos a todas luces insuficientes». Desde la central insisten en la importancia de invertir en intervención y protección social para erradicar las «grandes» bolsas de precariedad y exclusión que hay en Bizkaia.

A pesar de las periódicas informaciones que difunde el Gobierno de Unai Rementeria alabando su gestión en el ámbito de acción social, LAB asegura que no es real. Cita, por ejemplo, que el III Plan de Infancia para la atención de las situaciones de desprotección en Infancia y Adolescencia (2016-2019) «no termina de ver la luz a pesar de lo vital de sus apuestas», en referencia a mejorar la organización y gestión del Servicio de Infancia, invirtiendo en medios humanos y materiales para garantizar y mejorar la calidad de las prestaciones.

Al igual que lo han criticado otros agentes, la primera fuerza sindical en el Instituto Foral de Asistencia Foral (IFAS) resalta que el 85% de la atención a menores en situación de desprotección en Bizkaia está subcontratada. Defienden que esa privatización es perjudicial, al perder la Diputación un control efectivo «sobre una cuestión que es de su directa responsabilidad» o porque se promueve la precariedad para las personas que trabajan en esos centros.

«Clientelismo»

«¿Qué sentido tienen las decenas de asociaciones conveniadas (Cáritas, Fundación Amigó, Bizgarri, Berriztu, Landalan, Urgatzi, Goiztiri, Agintzari...) con decenas de gerentes y personal elegido sin ningún control ni prueba de acceso?», interpelan a los responsables forales. Apuntan a que esa fórmula da pie a «clientelismo gerencial y político» mientras se producen recortes de derechos laborales y salariales. «Se controla lo que se da, pero apenas el gasto. Ahí está la auditoría del año 2011 con los superávit que tenían algunas asociaciones», desvelan antes de exigir que «el IFAS asuma la gestión directa ya».

LAB considera que «faltan recursos en el sistema para poder detectar a tiempo situaciones de desprotección de menores, y para poder después intervenir con planes de recuperación afectiva, social y educativa». No es una demanda nueva pues llevan tiempo denunciando ante diversas instancias y foros «falta de recursos» en el Servicio de Infancia y en la Unidad de Acogimiento Residencial del IFAS, reclamando que se invierta más, entre otras cosas, para poder terminar con las «altas cargas de trabajo y la preocupación» que sufren quienes, «en todas las categorías», trabajan en esos servicios.

Llaman a realizar una reflexión «serena» sobre este tema, «dejando de lado medidas de endurecimiento policial y judicial», como las que se han propuesto este último mes.