La pugna por la investidura entre JxCat y ERC aflora en la Mesa del Parlament

La Parlament fue ayer el escenario de la pugna entre las dos principales fuerzas soberanistas. Roger Torrent elevó ante el Tribunal de Estrasburgo un recurso para tratar de blindar una investidura legal de Puigdemont, pero se negó a abordar la reforma de la Ley de Presidencia.

Hace semanas que las declaraciones y las acciones transitan por caminos diferentes en Catalunya, lo que hace difícil desenmarañar la telaraña que va espesando el debate sobre la investidura de un nuevo president. O presidenta. Lo acaecido ayer en la Mesa del Parlament ilustra una situación en la que todo son relatos de parte y las paradojas abundan: el president del Parlament, Roger Torrent, anunció que pedirá medidas cautelares al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que la Cámara Catalana pueda investir legalmente a Carles Puigdemont, algo que, en contra de lo que pudiera parecer, no gustó en las filas de Junts per Catalunya, la plataforma del president exiliado.

Y es que la jugada completa es más complicada. El pasado viernes, a última hora, Junts per Catalunya registró en el Parlament en solitario –sin ERC ni CUP– una proposición de reforma de la Ley de presidencia. El objetivo de los de Puigdemont: modificar la ley para poder realizar una investidura a distancia con un sustento legal expreso y hacerlo por el procedimiento de lectura única para poder reformar la Ley en un único pleno. La iniciativa no gustó en ERC.

La vuelta llegó ayer, ya que es el president del Parlament, en este caso Roger Torrent, de Esquerra, el que debe llevar a la Mesa los asuntos a tratar en los próximos plenos. Y ayer en su carpeta no estaba la reforma de ley defendida por JxCat. A cambio, Torrent trató de pasar como caramelo la presentación de un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que reclama que dicte las medidas cautelares necesarias para neutralizar la acción del Estado y permitir una investidura legal de Puigdemont.

Pero numerosos juristas advirtieron ayer mismo sobre la escasa posibilidad de que Estrasburgo dicte medidas cautelares sobre este caso, por lo que JxCat no compró el cambio de Torrent. Su portavoz adjunto, Eduard Pujol, de hecho, lo crítico con fuerza: «Se ha hecho de forma unilateral y arbitraria. Hay estrategias que no hace falta ir a buscar a Estrasburgo. Las garantías las tenemos al alcance en el Parlament y el reglamento, lo que hace falta es ponerse».

La legislatura, en manos del calendario judicial

Los desfiles judiciales ante el Supremo se retoman hoy con la declaración de Mireia Boya (CUP) ante el juez Pablo Llarena. Está investigada por rebelión y el lunes ya aclaró que no piensa acatar la Constitución si el magistrado, como ha hecho con otros imputados, se lo pide. La posibilidad de que Llarena dicte prisión provisional es real, como lo muestran los casos de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart.

A la de Boya seguirán las declaraciones de Marta Rovira y Marta Pascal (el día 19), de Artur Mas y Neus Lloveras (el 20) y de Anna Gabriel, que debía declarar también hoy pero que pidió un aplazamiento. De momento, no se conoce la estrategia de defensa de Gabriel, y aunque algunos medios han especulado con que pueda hallarse fuera del Estado, la CUP no ha confirmado tal extremo.

Sea como sea, tanto en ERC como en el PDeCAT creen que forzar la máquina para investir a Puigdemont perjudicará a los imputados, por lo que es difícil pensar que el escenario de la investidura vaya a aclararse antes de estas declaraciones.B.Z.