El Gobierno de Nafarroa sostendrá su recurso al fallo de ‘la Manada’ en una intimidación «probada»

El Gobierno de Nafarroa trabaja ya en la presentación de un recurso contra la sentencia que condena a ‘la Manada’ a nueve años de cárcel por abuso sexual al entender que hubo «intimidación y no consentimiento», algo que considera que «queda probado» en la resolución.

«Fue una violación, una agresión sexual con intimidación», ha afirmado en conferencia de prensa la portavoz del Ejecutivo navarro, María Solana, quien ha añadido que «extraña» esta sentencia no solo por el voto particular de uno de los tres jueces sino por «contradicción entre el relato de los hechos probados y la decisión» de considerar los mismos un abuso y no una agresión sexual.

Y ha citado textualmente la sentencia cuando habla del «abatimiento, agobio, confusión o sumisión» de la víctima, la «superioridad» de los agresores que les permitió actuar «sin la aquiescencia de la denunciante, que se vio sometida» y fue utilizada «como mero objeto para satisfacer sobre ella» sus apetencias sexuales.

Solana ha destacado también que la sentencia alude a la «actitud de jactancia» de los procesados y a su «nula consideración y respeto a la dignidad» de la joven.

Con estos hechos como probados, la sala concluye que «no aprecia intimidación» aunque afirma que los procesados «conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante objetivamente apreciable (...), aprovechando la superioridad así generada para abusar sexualmente» de ella, «que "no prestó su sometimiento libremente si no viciado, coaccionado o presionado por la situación».

Solana se ha referido también al voto particular del juez Ricardo González para denunciar que «omite toda referencia» a los whatsapp del grupo ‘la Manada» posteriores a los hechos cuando son un «elemento probatorio relevante del reconocimiento» de lo sucedido, y lamentar que critique la propia sentencia por no atender la queja de uno de los abogados defensores que denunció un «juicio paralelo» y «mediático».

Tras este análisis desde el punto de vista jurídico, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha asegurado que el Gobierno de Nafarroa «comparte» con «la mayoría» de la ciudadanía «la frustración, descontento y malestar» con una sentencia que demuestra que «queda mucho por hacer».

«La sociedad no puede entender que en un caso como este» no se aprecie intimidación, ha dicho, y se ha preguntado cómo seguir pidiendo a las mujeres que denuncien «cuando encontramos sentencias como esta, que parece muchas veces que es juzgada más la mujer que los hombres».

Para la responsable de las políticas de igualdad en el Ejecutivo navarro, resulta «incomprensible que el acoso colectivo a las mujeres pueda ser una forma de ocio impune y normalizada en el pensamiento machista» y «hay que acabar con esta impunidad social contra las violaciones».

En este sentido, Ollo ha aseverado que «seguir poniendo el foco en la reacción de las mujeres en vez de en el comportamiento de los hombres violentos no deja de ser una lectura más de la desigualdad de género que seguimos viviendo», por lo que no podemos compartir una sentencia que «pone en juicio conceptos como la intimidación o la violencia presentando a la mujer como la que tiene que demostrar que existieron».