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París fija el fallo del caso Sorzabal para después del verano

La Corte de Apelación de París analizó ayer las tres euroórdenes libradas por la Audiencia Nacional española contra Iratxe Sorzabal. El tribunal tendrá tiempo de analizar nuevas pruebas que avalan el informe ratificatorio de torturas, elaborado en noviembre de 2017 sobre el Protocolo de Estambul, ya que no emitirá su fallo hasta el 26 de setiembre.


La Corte de Apelación de París abordó, ayer tarde, el análisis de las respuestas remitidas por los jueces Ismael Moreno y Eloy Velasco a las preguntas planteadas por el tribunal encargado de decidir sobre las tres euroórdenes cursadas por la Audiencia Nacional contra Iratxe Sorzabal.

Este mismo tribunal solicitó el pasado 17 de enero un «complemento de información» a los jueces españoles que firmaron las tres euroórdenes libradas contra la presa vasca, actualmente recluida en la prisión de Réau. Los magistrados galos pusieron entonces como límite la fecha del 28 de marzo y una vez recibida la documentación fijaron la vista para ayer tarde.

Si bien, aunque con alguna que otra laguna los magistrados del tribunal especial español respondieron a las preguntas de los jueces galos, la vista de ayer permitió constatar, de acuerdo a lo explicado a GARA por la abogada Xantiana Cachenaut, que «no se han aportado elementos incriminatorios sólidos, más allá del testimonio de autoinculpación en el periodo de incomunicación que es objeto de denuncia de torturas». Siempre según la letrada que ejerce la defensa de la presa irundarra, los magistrados tampoco aportaron datos nuevos que permitan «descartar que se produjeran dichas torturas». A la vista de que, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la causa, «los únicos elementos a los que se alude como prueba son el testimonio de autoinculpación» de Sorzabal y de que Madrid no ha aportado datos definitivos para descartar la existencia de malos tratos, limitándose a mostrar su disconformidad con las pruebas periciales practicadas a la presa en setiembre y en noviembre de 2017, Cachenaut volvió a solicitar al tribunal que se oponga a la entrega de Sorzabal a las autoridades españolas.

Avales nuevos a la denuncia

El tribunal parisino se dará hasta el 26 de setiembre para tomar una decisión. El juez puede aceptar la entrega, rechazarla, o bien volver a dilatar la decisión secundando la petición que hizo ayer el fiscal en el sentido de pedir a Madrid que aporte documentación precisa del final del recorrido judicial de la denuncia de torturas en el Estado español cara a proceder a la entrega. La letrada Cachenaut se opuso al planteamiento del fiscal, y recordó que el archivo de la causa en el estado solicitante de la entrega no implica la aceptación automática de la euroórden. Evocó que la Convención Europea en su artículo 3 alude a la «duda razonable» y que en el caso Etxebarria Caballero contra el Reino de España la Corte Europea ya señaló que «cuando se trata de hechos cometidos durante el periodo en el que el denunciante está bajo custodia policial secreta, la carga de la prueba recae sobre esas autoridades, que deben aportar explicaciones suficientes y contundentes». Los magistrados de la AN han aportado nuevos informes, pero los forenses que los suscriben se limitan, según la abogada, a relatar las lesiones recogidas en los partes médicos y constatadas también con fotografías realizadas a Sorzabal, sin aportar criterio clínico sobre si estos son coincidentes con la denuncia. Precisamente la abogada Cachenaut pidió al juez que valide como prueba la nueva documentación que aportó al tribunal, en la que destaca el certificado del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT) que avala el informe escrito por el doctor Duterte, en base al Protocolo de Estambul. En el se confirma que las alegaciones de Sorzabal tras su detención por la Guardia Civil en 2001 deben calificarse de tortura a la vista de la convención de la ONU en la materia y también un informe del forense Paco Etxeberria.