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Árabes y negros, víctimas de los delitos de odio en la CAV

El «Informe de incidentes de odio de Euskadi 2017», presentado ayer por la consejera Estefanía Beltrán de Heredia y por el catedrático Jon Mirena Landa en el Parlamento de Gasteiz, advierte de que el 70% de los incidentes de odio registrados en la CAV durante los últimos dos años responden a asuntos étnicos. Más del 50% de los delitos relacionados con racismo y xenofobia se dirigen contra personas árabes o negras, el 33% y el 28% respectivamente.


En los últimos dos años se han producido 289 incidentes de odio en la CAV, 146 en 2016 y 143 el pasado curso. La mayoría, 253, se consideraron delitos, mientras que el resto se tipificaron como infracciones administrativas. Estos datos están recogidos en el “Informe de incidentes de odio de Euskadi 2017”, presentado ayer por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y por el director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU, Jon Mirena Landa.

Los dos comparecieron ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública del Parlamento de Gasteiz, donde advirtieron de el 70% de los incidentes delictivos de odio tienen un componente étnico. En este sentido, destacaron que las personas árabes y negras son los principales afectadas por los delitos relacionados con el racismo y la xenofobia, ya que «ambos colectivos son víctimas de, al menos, el 50% de los delitos –de media el 33% son árabes y el 28% negros–, mientras que el colectivo gitano se sitúa como el tercer grupo prevalente».

Por herrialdes, Bizkaia es donde se han registrado más incidentes de odio. En 2016 se produjeron 97 con tipificación delictiva, más de la mitad atribuidos a casos de racismo y xenofobia, mientras que en 2017 la cifra se situó en 88 delitos: 47 respondieron a motivos étnicos, 27 estaban relacionados con agresiones a personas por cuestiones relacionadas con la orientación o la identidad sexual, y ocho por ideología u orientación política.

«Una explicación evidente es la mayor población de Bizkaia frente a los otros del territorios históricos, ya que triplica la población de Araba y posee un 60% más que Gipuzkoa. Sin embargo, este dato resulta del todo superficial si no tenemos en cuenta otros factores ampliamente estudiados por la criminología y otras ciencias afines, de cuya literatura se desprende que el mayor desarrollo urbano y lo que ello implica atraen o facilitan, también en términos de oportunidad, mayores niveles de criminalidad», recoge el documento, elaborado por un equipo dirigido por Landa.

Recomendaciones

Este destacó que, tomando como referencia los datos de 2016, en la CAV se produjeron el 11,48% de los incidentes de odio registrados en todo el Estado español, un porcentaje elevado teniendo en cuenta que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa reside el 4,7% de la población. Aunque matizó aquí que la CAV cuenta con «un mejor sistema de detección de los incidentes».

El informe, el primero de estas características realizado en la CAV, incluye cuatro recomendaciones para poder mejorar. Se apuesta, por ejemplo, por realizar nuevos análisis para poder comparar los datos e identificar tendencias. «Ello implicaría ir progresando en la forma de recoger los datos, que aspiraría a los siguientes frentes de mejora: mayor abundancia de datos en los perfiles del agresor y la víctima; especial atención a incidentes con polivictimización; y datos sobre la distinta gravedad de los incidentes, sobre todo en los delitos de lesiones».

Además, se aboga por «intensificar la formación del cuerpo policial para reducir la cifra de los incidentes contra grupos protegidos diferentes del étnico o sexual, así como de ámbitos delictivos como los denominados delitos de discriminación». «Convendría un trabajo específico y transversal de detección de los incidentes cometidos en forma de la denominada cibercriminalidad», apunta el documento, en el que se alerta de que, «sin una continuidad del trabajo policial en su trazabilidad respecto de la apertura de procedimientos penales y su eventual condena, el mapa de incidentes de odio es un instrumento incompleto».

Por último se detallan y analizan las infracciones administrativas, «todas ellas constatadas en el marco de la violencia en el deporte [...] Esta perspectiva aconseja a futuro un análisis detenido de su evolución en nuestra comunidad especialmente atento al perfil de los autores, y también, a su identificación como incidente o delito de odio contra colectivos étnicos o idelógicos».