Nafarroa reservará un 6% de viviendas protegidas para personas con minusvalía
El pleno del Parlamento de Nafarroa ha aprobado por unanimidad la Ley de Accesibilidad Universal, una norma por la que se reservará un 6 % de las viviendas protegidas a personas con minusvalía, a diferencia de la legislación básica estatal, que contempla un 4 %.
La norma, que ha obtenido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, tiene por objeto dotar a Nafarroa de un marco normativo propio de accesibilidad universal para alcanzar «una sociedad inclusiva que garantice la autonomía y favorezca la igualdad de oportunidades».
Por ello, y de cara a incrementar el número de viviendas protegidas reservadas para personas con discapacidad, se reduce de 33 a 18 el número mínimo de apartamentos que debe tener una promoción para que figure al menos una vivienda reservada.
En este sentido, se aumenta el depósito de viviendas protegidas reservadas para personas con minusvalía, pasando del 4 % previsto en la legislación básica estatal al 6 % consignado en la presente norma.
Por otro lado, se establece que los edificios públicos o privados con un uso público se «rehabilitarán, reformarán, mantendrán y utilizarán de manera que resulten accesibles».
La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont, ha apuntado que es una ley «muy garantista» que articula los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión y la vida independiente de todas las personas, en particular de las personas con discapacidad.
Beaumont ha afirmado que se establecerán medidas para garantizar la accesibilidad en los espacios urbanos y naturales de uso público y en todas las infraestructuras vinculadas al transporte público de viajeros.
También se facilitará el acceso en igualdad de condiciones a la información y la comunicación, así como a las actividades culturales, deportivas y de ocio. Igualmente, se desarrollarán medidas dirigidas a «aumentar progresivamente» la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
La ley, además, crea un Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades en el que estarán representados todos los departamentos, las entidades locales y las entidades asociativas sin ánimo de lucro más representativas, así como organizaciones de consumidores y usuarios, y asociaciones físicas o jurídicas faciliten entornos, productos, bienes y servicios.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno de Nafarroa deberá presentar en el Parlamento un plan de actuación para corregir los déficits existentes en este ámbito. Las Entidades Locales, por su parte, dispondrán de un año para aprobar un plan integral de actuación en la materia.
Cristina Altuna, UPN, ha considerado que esta ley es «muy necesaria pero no suficiente», ya que es imprescindible un «cambio de mentalidad». «El reto que tenemos todos como sociedad es que seamos capaces de que este tipo de leyes se cumplan», ha trasladado.
Por Geroa Bai, Isabel Aranburu también ha indicado que esta norma es «muy importante» porque trata de garantizar que todas las personas con discapacidad «tengan un acceso efectivo y pleno a todos sus derechos».
En nombre de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha compartido la relevancia de esta norma, aunque ha apostado por desarrollar planes integrales que den cumplimiento a la misma. «Estamos hablando de una buena ley, garantista, basada en derechos, pero que no se puede quedar exclusivamente en lo que es la ley», ha manifestado.
Por parte de Podemos, Mikel Buil ha remarcado la importancia de la voluntad política. «Esta ley, que es buena, recoge algo que ya estaba recogido en otras leyes y que no se ha hecho porque no hay voluntad política», ha apuntado.
En la misma línea se ha mostrado Nuria Medina, PSN, que ha lamentado que de nada sirve legislar de forma «pionera» o «vanguardista» si luego «queda en agua de borrajas». «Esperamos que, esta vez sí, la ley se desarrolle, se aplique y se dote económicamente», ha aseverado.
La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha compartido «el espíritu» de la ley, aunque ha lamentado que el actual Ejecutivo haya optado por hacer una norma nueva «en lugar de desarrollar la anterior». En consonancia con los demás grupos, ha remarcado la necesidad de que «no se quede en un mero papel».
Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha subrayado que es una ley «muy participada» y que «mejora la del 2010».