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El Parlamento húngaro aprueba la ley que criminaliza la ayuda a la inmigración

El Parlamento de Hungría ha aprobado un paquete de leyes que criminaliza a las ONG que ayudan a los migrantes sin documentación, a pesar de las críticas expresadas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y por la Comisión Europea.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban. (Stephane DE SAKUTIN/AFP)

El Parlamento de Hungría ha aprobado una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a migrantes sin papeles, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo. La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro Viktor Orbán, ha apoyado la normativa pese a las críticas y las solicitudes, por parte organizaciones humanitarias húngaras y extranjeras, de que retirase el proyecto de ley.

La polémica ley, que afecta a varias ONG del país, se ha aprobado en la jornada en que se celebra el Día Internacional de los Refugiados, que la ONU conmemora desde 2001.

La norma, bautizada como ‘STOP Soros’ por el efecto que tendrá para las actividades promovidas por el empresario George Soros, plantea penas de cárcel para las personas o grupos que ayuden a presentar solicitudes de asilo a migrantes que no tienen derecho a protección o que contribuyan a que extranjeros sin documentación se queden en Hungría.

Junto a esta ley, el Parlamento también ha dado luz verde a una enmienda constitucional contra el sistema europeo de reubicación de refugiados entre los países de la Unión Europea (UE).

Para aprobar ambos proyectos de ley se requería la mayoría absoluta de dos tercios con que cuenta el Fidesz, pero la extrema derecha del Jobbik también ha respaldado las medidas, mientras que la oposición izquierdista y ecologista se ha opuesto o no ha participado en la votación.

Las enmiendas constitucionales aprobadas prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría –a excepción de los europeos–, y también declara que la composición de la población del país no puede ser modificado «mediante una voluntad externa».

Otras reformas constitucionales también aprobadas en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y cultura cristianos del país y crea una nuevo sistema judicial que hasta ahora no existía en Hungría, el de los tribunales administrativos.

Las estadísticas oficiales cifran en 3.555 los refugiados que residían en abril en Hungría, un país de diez millones de habitantes, y en los primeros cuatro meses del año se registraron 342 peticiones de asilo.