El Gobierno navarro recurrirá la libertad porque ve riesgo de fuga y reiteración delictiva

El Gobierno de Nafarroa recurrirá la prisión provisional, eludible con una fianza de 6.000 euros, para los cinco miembros de ‘La Manada’ condenados a nueve años de prisión al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

«Esperemos que no ocurra nada parecido a aquel fatídico 7 de julio ni en Pamplona ni en ninguna parte, pero el riesgo existe», ha sostenido la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, Mari Jose Beaumont, quien ha expuesto en rueda de prensa la posición del Gobierno navarro respecto al auto de la Audiencia Provincial de Nafarroa.

Beaumont ha recordado que en los escritos que presentó el 7 junio el Gobierno de Nafarroa, como acusación popular, se opuso a la solicitud de libertad de las defensas de los cinco condenados y pidió la prórroga de la prisión incondicional hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, que en este caso, al haber sido condenados a nueve años, sería hasta los cuatro años y medio.

Esos mismos argumentos se repitieron en la vista celebrada el pasado lunes, ha señalado la consejera, quien ha avanzado que, en esa línea, su recurso incidirá en la existencia de «riesgo de fuga y de reiteración delictiva», así como en el hecho de que «no va a tardar mucho tiempo, puede que dos o tres meses», en resolverse el recurso de apelación.

Otro de las cuestiones tenidas en cuenta para decretar la libertad de los cinco sevillanos, su arraigo familiar y social, tampoco es compartido por el Gobierno navarro, puesto que, según ha sostenido, no ha sido «acreditado en absoluto».

Además de por el contenido de la resolución, la consejera ha trasladado la «preocupación» del Ejecutivo navarro por haber conocido ayer la resolución a través de los medios de comunicación.

Y es que, según ha subrayado, no ha sido hasta las 8:05 horas de hoy cuando el Gobierno como parte interesada no ha recibido la notificación.
A su juicio, es «inadmisible que se notificara a los condenados encarcelados ayer a mediodía sin comunicación simultánea a las partes» y lo es «más» por el hecho de que una de las partes es la propia víctima, quien al parecer se enteró como ellos por los medios de comunicación, por lo que no pueden «sino criticar esta práctica judicial».

La consejera ha reconocido que «llama la atención» el cambio de postura de la magistrada Raquel Fernandino que ahora se ha unido al magistrado que emitió un voto discrepante con la sentencia que condenó a los acusados por abusos sexuales, un fallo que, ha reiterado, no comparten al entender que es un «tema de violación».

Entre otras cuestiones jurídicas, la consejera ha considerado «inadmisible que se diga que el anterior auto tuvo como finalidad la de asegurar la presencia de los procesados en el juicio, finalidad que dice que ya se ha alcanzando, estando ahora en sede de procurar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria firme, finalidad que califica de orden inferior a aquella».

Y «mucho menos» comparten que para avalar la decisión se recurra al argumento de que la prisión provisional se ha prolongado un año más y esté apunto de alcanzar los dos años desde que se adoptó.

Tras calificar esto como «inadmisible», ha apuntado que «si de culpas se trata el retraso en la celebración del juicio y en el dictado de la sentencia condenatoria es de la sección segunda», puesto que si se hubiese celebrado antes el juicio y no se hubiera tardo tanto en dictar sentencia «ese argumento no se podría haber utilizado», ahora podría haber una sentencia firme.

Ante la indignación ciudadana visible en las calles, ha manifestado que el Gobierno tiene el «deber de llamar a la calma y a la prudencia, sin negar el derecho de los ciudadanos a manifestar su indignación».