El PSE se aferra a su ortodoxia sobre autonomía de la pasada legislatura

Todo lo debatido en la Ponencia de Autogobierno de esta legislatura no ha servido para nada al PSE, salvo para criticar las bases acordadas hasta ahora. Su voto particular se aferra al texto que presentaron en enero de 2016, pero eliminando además la mención que entonces hicieron sobre el concepto de nación y también sobre el poder judicial.

La Ponencia de Autogobierno se reúne hoy para intentar cerrar las bases en los capítulos que faltan. Y aunque puede darse un acuerdo amplio en el apartado de derechos de la ciudadanía, habrá que ver si es posible completar todo el trabajo, o es necesario que los grupos vuelvan a citarse para la próxima semana. Con esas bases, un grupo de expertos deberá redactar el texto articulado del Nuevo Estatus.

Pero sin esperar a que las labores de la Ponencia acaben, el PSE presentó ayer públicamente su «voto particular», que espera que esos expertos tengan también en cuenta su posición para que el Nuevo Estatus no se redacte solo con las bases acordadas por lo que denominan «mayoría nacionalista» que el PSE considera que supera los límites constitucionales.

Como en 2016...

El voto particular del PSE, que ayer presentaron públicamente la secretaria general del partido, Idoia Mendia, y el portavoz del grupo parlamentario, José Antonio Pastor, recoge una primera parte centrada en la crítica a las bases que han ido acordando PNV y EH Bildu, porque excede el actual marco legal, al que debían ceñirse los trabajos según el acuerdo de creación de la Ponencia. Critican que el «principio democrático» prevalezca sobre «el principio de legalidad», denuncian la diferenciación entre «ciudadanía y nacionalidad» y entienden imposible que desde una comunidad autónoma se pueda reformar la Constitución del 78.

A partir de ahí, el PSE hace sus propias propuestas. La primera es un texto que presentaron el 7 de febrero a la Ponencia, que a su vez está basado en la propuesta que entregaron el 12 de enero de 2016, es decir, en los trabajos realizados en la pasada legislatura.

En ambos documentos figura textualmente que las bases de la reforma deberían ser, por un lado, la «garantía del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas vascas a intervenir, de acuerdo con las reglas y en los términos que la legalidad constitucional y estatutaria establece, en todas las decisiones políticas que afectan a sus derechos e intereses».

Y, por otro, la «garantía del derecho al autogobierno para construir una sociedad moderna, plural, igualitaria y cohesionada, mediante un pacto de convivencia cívico y de ciudadanía plena. Una sociedad formada por hombres y mujeres libres y responsables de su futuro, tanto en la España plural y diversa, como en la Unión Europea, en solidaridad real y efectiva con las demás Comunidades del Estado, y dentro de los valores superiores y principios básicos de la democracia».

...pero sin «nación»

Pero este voto particular no mantiene uno de los puntos que resultó más llamativo del documento de 2016, que era la disposición del PSE a aceptar la inclusión en el texto articulado del concepto «nación», en los términos del Consejo de Europa, como «una comunidad que se autodefine como tal por razones culturales, históricas o lingüísticas» lo «que no presupone el derecho político a constituirse en Estado». En el documento actual no figura nada de esto.

Como tampoco se recoge que en lo referido al poder judicial, «la postura del PSE es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se convierta en la última instancia ordinaria de resolución de los recursos judiciales, quedando atribuida al Tribunal Supremo la unificación de la doctrina de casación». En 2016 se especificaba que esto entroncaba con su propuesta de reforma constitucional, pero en esta ocasión el punto se omite completamente, aunque haya una mención a los textos presentados por otros grupos en este apartado.