Llarena tira la toalla en Europa y retira las euroórdenes

El TS rechaza la entrega de Puigdemont por malversación y retira las peticiones de extradición contra todos los exiliados, que desde ahora podrán viajar por Europa.

No tenía opción buena el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Ante la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont solo por malversación –descartando el delito de rebelión–, el magistrado tenía dos posibilidades: aceptar la extradición por malversación y, en consonancia, retirar la acusación de rebelión también al resto de acusados, o retirar la euroorden contra Puigdemont y renunciar a juzgarlo. Finalmente optó por esta opción, y lo hizo al cuadrado, porque decidió retirar las euroórdenes contra todos los procesados, dejando la reputación del sistema judicial español a dos metros bajo tierra.

El efecto práctico inmediato es que Puigdemont (ahora en Alemania), Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín (Bélgica), Clara Ponsatí (Escocia) y Marta Rovira (Suiza; no había euroorden contra Anna Gabriel) podrán viajar a cualquier país excepto al Estado español, donde siguen vigentes las órdenes de busca y captura. De hecho, el entorno de Puigdemont aseguró que se trasladará en los próximos días a Bruselas. El efecto de fondo, sin embargo, se alargará durante meses y planeará irremediablemente sobre el juicio contra los presos políticos, que sigue su curso pese a los repetidos reveses europeos.

De hecho, es fácil anticipar que serán los dirigentes encarcelados en el Estado español los que sufrirán, al menos en un primer golpe, el desquite de los tribunales madrileños. Así lo demostró ayer la propia Fiscalía que, pese al nuevo talante que el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido exhibir, no aprovechó las resoluciones de los tribunales alemanes para suavizar su postura –tal y como le pidieron desde Catalunya–, sino para sumar un argumento a los que ya empleaba para defender la prisión preventiva. En un escrito presentado ayer, consideró que lo que ha ocurrido en Alemania podría incrementar el riesgo de fuga de los encarcelados, por lo que se volvió a oponer a la puesta en libertad de los presos políticos catalanes. La retirada de las euroórdenes reconoce, implícitamente, que ningún dirigente catalán estaría encarcelado en Alemania, Escocia, Bélgica o Suiza, pero para la Fiscalía eso no es motivo para ponerlos en libertad, sino para dar una vuelta más al candado de la celda.

La frustración de Llarena

Arrojada la toalla no solo en Alemania, sino también en Bélgica, Suiza y Escocia –cuya primera ministra, Nicola Sturgeon, se congratuló por la noticia–, el juez Llarena utilizó el auto judicial para volcar todas sus frustraciones. En una resolución de 21 páginas, el magistrado empezó por arremeter contra el juzgado belga que desestimó la extradición de Serret, Puig y Comín por un formalismo. Concretamente, porque Llarena no acompañó la euroorden de detención y entrega con una orden de detención estatal.

Lejos de admitir siquiera parcialmente el error u omitir el tema por pudor, Llarena acusa sin complejos a sus homólogos belgas de despreciar «el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones».

Pero es cuando habla de la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein cuando Llarena se despacha con mayor soltura. Tras repasar su opinión de lo que debería ser la euroorden –algo cercano a una entrega automática al país que reclama la extradición–, Llarena se echa las manos a la cabeza porque «en algunos extremos, el Tribunal llega a valorar, a efectos de fondo, la declaración del encausado». Los jueces alemanes escucharon a Puigdemont.

El núcleo de la crítica a sus pares alemanes es que estos entran en el fondo de la instrucción, llegando a considerar que realizan un juicio para el que no tienen suficiente información. «Ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance, ni puede tampoco realizar un juicio definitivo de subsunción de los hechos que se imputan en los diferentes tipos penales», asegura. Llarena abronca también al tribunal germano por no plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le acusa, con todas las letras, de «falta de compromiso (...) con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español».

La amargura del magistrado del TS queda plasmada en la penúltima página del auto, cuando reconoce que las decisiones de los tribunales belga y alemán «no solo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional–se refiere a la euroorden– que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento». Es decir, Llarena reconoce que los reveses europeos comprometen seriamente la instrucción del caso.

El futuro de Puigdemont, nuevo foco de tensión en el soberanismo

El independentismo celebró ayer, como cabía esperar, la renuncia del juez Pablo Llarena a las euroórdenes, pero la victoria en la arena internacional apenas logró suavizar el encontronazo que la víspera protagonizaron en el Parlament Junts per Catalunya y ERC. Carles Puigdemont aprovechó la jornada para «reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y las presas políticas», mientras que Quim Torra se felicitó porque los exiliados son «libres en la Europa libre». El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, mantuvo el tono y consideró que los jueces españoles «se han inventado un relato que todas las democracias europeas van desmontando». Desde las filas de JxCat, sin embargo, el portavoz Albert Batet no quiso dar por zanjada la polémica del miércoles y aseguró que «la decisión de Llarena demuestra que suspender a Puigdemont habría sido un error», en relación al motivo de la discordia que la víspera acabó con la suspensión del pleno del Parlament.

Las palabras de Batet sirvieron para anticipar un nuevo foco de tensión entre las dos principales fuerzas independentistas. Si Llarena hubiese aceptado la entrega de Puigdemont por malversación de fondos públicos, la nueva bandera hubiese sido tratar de investirlo president otra vez. La situación actual, sin embargo, devuelve la pelota al Parlament: hasta ahora Puigdemont podía delegar el voto porque, con el proceso de extradición abierto, no podía salir de Alemania. Ese factor ha cambiado, por lo que la pugna entre JxCat (que defenderá la delegación de voto) y ERC (que no quiere exponer al president del Parlament a la desobediencia) está servida. De momento, ayer Puigdemont pidió calma a los suyos.B.Z.