Policías y Covite intentan prorrogar la discriminación a víctimas del Estado
El Gobierno español tiene en su agenda aprobar hoy la retirada del recurso contra la ley de víctimas de violencia estatal de la CAV tras el acuerdo entre Madrid y Lakua, pero sindicatos policiales y Covite emplazan al ministro del Interior a que lo impida.
Todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, además del colectivo de víctimas de ETA Covite, reclamaron ayer al ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, que no se retire el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno anterior contra la ley de la CAV destinada a reconocer y reparar a víctimas policiales.
El Ejecutivo estatal tiene previsto aprobar la retirada del recurso tras acordarlo en la comisión técnica bilateral entre las administraciones estatal y vascongada. Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar la ley homóloga del Parlamento navarro –conocida este domingo– ha provocado que los sindicatos policiales y Covite hagan un último intento de presionar para prorrogar la discriminación a estas víctimas de violencia estatal.
El recurso fue planteado por el Gobierno de Rajoy y logró bloquear el desarrollo de las dos leyes a la espera de la resolución definitiva del Constitucional. Pero a su llegada el Ejecutivo de Pedro Sánchez mostró otro talante sobre el asunto, en coherencia con la posición tomada por el PSOE en los dos parlamentos vascos. No obstante, la materialización final de esta voluntad ha sido diferente en la CAV, donde ha pactado con Lakua una retirada del recurso condicionada a algunos retoques no precisados por el momento, y en Nafarroa, donde no se ha dado el mismo paso. Ello ha sido aprovechado por el máximo tribunal español para dictaminar la anulación de una gran parte de la norma navarra.
Así las cosas, los colectivos ultras mueven ficha y lo hacen emplazando no al presidente del Gobierno español sino al ministro del Interior, a quien trasladan por carta que si finalmente se retira el recurso de la CAV (lo que teóricamente debe ocurrir en el Consejo de Ministros de hoy) se estará cometiendo «una injusticia» y «una inmoralidad».
El aspecto al que se aferran tanto el Constitucional como estos colectivos es que los casos que pretende reconocer y reparar la ley no tienen sentencia judicial que los pruebe. Para solventarlo tanto en la norma de la CAV como en la de Nafarroa se dispone la creación de una comisión de valoración que analice cada petición. Los sindicatos policiales y Covite dicen que ello afecta a «principios constitucionales de la mayor relevancia y derechos fundamentales de los ciudadanos» y no puede tomarse como resultado de una negociación política como la mantenida por Madrid y Lakua.
Los autores del escrito sostienen que las dos normas buscan un «relato del conflicto» construido «al gusto y en nombre de una convivencia que no está amenazada y que sólo lo estuvo durante décadas por los que ejercieron la violencia de manera organizada, sistemática e indiscriminada», en alusión a ETA.