Gipuzkoa apunta a única provincia vasca y la mayor estatal sin cárcel
Ni Martutene ni Zubieta. Aunque el alcalde de Donostia matiza que la decisión final no está asegurada, el nuevo Gobierno español se decanta por derribar la actual prisión y no construir una nueva. Ello convertiría a Gipuzkoa en el primer herrialde vasco sin cárcel. A nivel estatal ocurre solo en tres provincias con mucha menos población.
Tras años de dimes y diretes sobre la ubicación de la cárcel de Donostia, una nueva opción no explorada hasta la fecha emerge como la más posible políticamente. Ni Martutene ni Zubieta ni otro emplazamiento; el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se decanta por continuar con el objetivo de demoler el viejo penal de Martutene pero no abrir uno nuevo en Gipuzkoa. La hipótesis que cobra fuerza en las conversaciones entre la Delegación que preside Jesús Loza y el Consistorio donostiarra, con representantes del PSOE a ambos lados de la mesa, es que se edifique únicamente un CIS (Centro de Inserción Social).
Si esta decisión se materializa finalmente (son fuentes del PSOE las que lo filtraron ayer a “El Diario Vasco”,&flexSpace;pero el alcalde jeltzale Eneko Goia matiza que no hay nada seguro aún), las implicaciones resultarían importantes. Ese CIS solo acogería a los presos en tercer grado y en su caso a los clasificados en segundo que tienen permisos por los que únicamente acuden a la cárcel a pernoctar. El resto, es decir unas dos terceras partes de los 280 prisioneros de Martutene, pasarían a Zaballa (Araba), donde se señala que están actualmente libres unas 300 de sus 1.000 plazas totales.
Esto abre un debate ideológico y otro práctico. El cierre de prisiones tiene una connotación inequívocamente progresista, pero solo si va pareja a la sustitución paulatina de una Justicia punitiva por otra restaurativa, en la que se fomenten permisos y/o penas alternativas a la prisión. En caso contrario, clausurar Martutene solo acarreará un perjuicio a los presos guipuzcoanos y sus familiares, que tendrán que desplazarse para visitarlos (Zaballa está a unos 120 kilómetros desde Donostia).
Aunque pueda ser prematuro, otra derivada que no cabe obviar afecta a los miembros de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa. Zaballa es la cárcel marcada como destino en las peticiones de traslado a Euskal Herria por los cerca de 220 prisioneros actualmente alejados y dispersados por el Estado español. Los datos actuales confirman que en Zaballa hay capacidad para acogerlos a todos ya mismo, pero no ocurriría tal cosa si los encerrados en Martutene fueran llevados allá.
Zamora, Huesca y Guadalajara
Mirada desde un prisma estatal, la decisión también tiene mucho calado porque no hay precedente alguno de una provincia del nivel demográfico de Gipuzkoa (algo más de 700.000 habitantes) que carezca de cárcel. De hecho, en todo el Estado solo hay tres provincias sin prisión, y ninguna de ellas supera los 253.000 residentes.
El antecedente más equiparable a lo que se pretende hacer en Gipuzkoa sería el de la vecina Huesca. La cárcel oscense fue cerrada en el año 2001 y a quienes estaban presos allí se les trasladó a Zuera (Zaragoza), una cárcel de reciente construcción y gran capacidad al igual que la de Zaballa. En su lugar se implantó un Centro de Inserción Social.
Bastante antes se había cerrado la cárcel de Zamora, conocida en la historia política vasca porque encerró a sacerdotes represaliados por el franquismo. El edificio está abandonado y sirvió de hecho como escenario para la grabación de la película carcelaria ‘‘Celda 211’’. La realidad poblacional de esta provincia, con todo, es muy diferente a la de Gipuzkoa porque solo tiene 175.000 habitantes, menos de la cuarta parte.
La otra provincia estatal que no tiene cárcel es Guadalajara. Se clausuró en 2012 al ser una de las más vetustas del Estado (procedía del siglo XIX) después de unos años finales en que ya acogía solamente a presos en tercer grado. En Euskal Herria, Guadalajara se recuerda sobre todo por el modo en que la cúpula del PSOE, Felipe González al frente, arropó a los condenados por los GAL José Barrionuevo y Rafael Vera cuando entraron en sus muros en 1998.