Urkullu pedirá al Gobierno del PSOE un calendario para traspasar las 37 transferencias pendientes
El lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamará este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que ambas administraciones establezcan un calendario para traspasar las 37 transferencias pendientes y completar, de esta forma, el Estatuto de Gernika.
Iñigo Urkullu, que intervendrá mañana en el Palacio Miramar de Donostia después de la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el periodo vacacional, hablará de los objetivos de su Ejecutivo para el próximo curso político, entre los que destaca el cumplimiento del texto estatutario en su integridad, con el traspaso de todas las materias pendientes, incluidas la de instituciones penitenciarias y la gestión económica de la Seguridad Social
Precisamente, para el próximo mes está prevista la primera reunión de la comisión bilateral para hacer efectivo el traspaso de las dos líneas de ferrocarril de Alonsotegi-Barakaldo y Bilbo-Basauri. Además, se comenzarán los trámites y conversaciones con las concesionarias de la A-68 y AP-1 para empezar los trabajos para transferir los dos tramos pendientes.
El Ejecutivo de Lakua exigirá, además, que se realice un cronograma para materializar los traspasos. En cuanto a las materias que considera prioritarias, cree que no hay problemas para traspasar la de prisiones, aunque admite que puede haber más problemas técnicos para materializar la de la Seguridad Social.
Por ello, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, emplazará a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a que se constituya, «sin más demora», un grupo de trabajo que trabaje esta materia.
Además, el lehendakari pondrá de manifiesto este martes cuáles son las relaciones con el Ejecutivo de Sánchez, después de que retirara el recurso contra la Ley de abusos policiales, reclamada por el Ejecutivo de Gasteiz.
Encima de la mesa también estarán otras cuestiones, como la preparación de las directrices presupuestarias y los grandes retos que se plantea como la creación de empleo y reactivación económica, la política penitenciaria, la atención a la inmigración y la violencia de género.