Ciudadanos y PP marcan el paso a Sánchez en Catalunya
Ante la presión de la derecha, el Gobierno español reculó ayer definitivamente y aseguró que protegerá con dinero público a Llarena de la demanda belga, que calificó de «cuestión de Estado». La vista está prevista para el 4 de setiembre, si bien los abogados de los exiliados catalanes advierten de que es casi imposible que prospere.
Solo ha hecho falta un día para que Carles Puigdemont, que el lunes auguró que este podría ser «el trimestre de las grandes oportunidades si el presidente español lee bien la realidad», viese desmentida una posibilidad en la que, por otro lado, es difícil creer que confiase. Desde Chile, y tras un comunicado dominical que daba pie a cierta confusión, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que la demanda contra Pablo Llarena es «una cuestión de Estado» y que el Ejecutivo, es decir, todos los contri- buyentes, sufragarán el abogado belga al juez.
Recordemos: aunque no está obligado a acudir –no lo hará– el 4 de setiembre el juez del Tribunal Supremo está llamado a declarar ante el tribunal belga que examina la demanda civil de Puigdemont y los consellers en el exilio en su contra. El magistrado que instruye la causa contra el independentismo catalán, al que en la demanda acusan de parcialidad y de atentar contra la presunción de inocencia de los investigados tanto en sus resoluciones como en declaraciones fuera de los juzgados, pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial, que se lo otorgó pese a haberse solicitado con 45 días de retraso. En un primer momento, el Gobierno español, anunció que protegería y pagaría el abogado a Llarena en Bélgica solo para defenderle de sus actuaciones como juez, pero no de sus declaraciones en conferencias privadas.
Pero la sorpresiva aparición del sentido común ha durado poco. Sánchez apenas ha tardado cuatro días en ceder a la presión de PP y Ciudadanos –que le acusaron en tromba de dejar vendido a Llarena– y anunciar que defenderá al juez español sea cual sea el caso. El bufete belga para ello ya está contratado. Además, como aportación al diálogo con Catalunya, Sánchez se limitó a anunciar la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona durante el otoño, mientras en el terreno de los hechos concretos defendió la autonomía de la Fiscalía para iniciar una investigación contra los Mossos d’Esquadra por identificar a personas que se dedicaban a arrancar lazos amarillos.
«Lost in translation»
En cualquier caso, la demanda civil contra Llarena tiene muy pocas posibilidades de prosperar, según aseguró ayer uno de los abogados de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas. Si prosperase, la recusación planteada por los exiliados catalanes prosperaría y Llarena debería ser apartado del caso, ya que un magistrado no puede juzgar ni investigar a aquellos con los que tiene otra causa pendiente.
Pero lo cierto es que la demanda lo tiene difícil, más todavía tras descubrirse ayer un error garrafal y estéticamente nefasto en la traducción de las palabras de Llarena al francés, lengua en la que se presentó la demanda. El original decía así: «Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos (los delitos), si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados». Pero en la traducción al francés (de nuevo traída al castellano), ese condicional se convertía en afirmación: «y sí, eso es lo que sucedió». Un error que los abogados achacaron al traductor pero que resta credibilidad a la demanda.
La nariz que nunca se rompió, las «fake news» irrumpen con fuerza
Descubrir que la mentira puede ser políticamente útil y ponerle un nombre moderno como «fake news» resulta algo pretencioso. Ignorar el potencial que esas mentiras viralizadas tienen hoy en día, sin embargo, resulta sencillamente temerario.
Pocos fuera de Catalunya se habrán enterado de que el fotoperiodista Jordi Borràs fue agredido en plena calle por un agente de la Policía española fuera de servicio. Información corroborada por la misma fuerza policial. A estas alturas, sin embargo, pocos quedarán en el Estado español sin enterarse de que un independentista rompió la nariz a una ciudadana rusa por quitar lazos amarillos. Así lo anunció a bombo y platillo la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por Twitter. El problema es que era mentira. Resulta que para empezar, no hay ni nariz rota. Y para seguir, según el atestado de los Mossos, en la agresión no medió interpelación política ninguna. Los hijos de la mujer estaban jugando arrancando lazos y tirándolos al suelo, cuando un hombre les recriminó de muy mala manera estar ensuciando la ciudad. La madre quiso defender a sus hijos y el agresor golpeó a la mujer, cuyo marido es militante de Ciudadanos.
Este mismo domingo, Albert Rivera volvió a denunciar una nueva agresión «por criticar una pancarta que defendía a políticos separatistas» en un pueblo valenciano. Volvía a ser mentira: el hombre fue agredido por un inglés durante un festival de música.B.Z.