Morales se rodea de militares y expulsa a la agencia de la ONU contra la corrupción

Rodeado de militares, el presidente de Guatemala, JImmy Morales, anunció que la Cicig, la agencia de la ONU contra la corrupción, tendrá que irse en 2019. Responde así a las investigaciones en su contra.

La posibilidad de un Estado de sitio o un autogolpe protagonizado por el presidente, Jimmy Morales, y sus aliados militares, es un rumor extendido en Guatemala desde al menos hace un año. Esta posibilidad estuvo más cerca que nunca el viernes, y fue el propio mandatario la que la puso sobre la mesa.

Acompañado por la cúpula castrense, Morales anunció que pone fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo anticorrupción que colabora con el Ministerio Público desde hace 12 años y advirtió de que no acatará «órdenes ilegales». Previamente, vehículos militares habían patrullado las inmediaciones de la organización internacional, lo que llegó a provocar la queja por escrito de la embajada de EEUU, que es quien los donó, supuestamente para la lucha contra el narcotráfico.

Los trabajos de la comisión internacional vencen el 3 de setiembre de 2019, por lo que su cese no es inmediato, a no ser que Morales maniobre para expulsarlos antes de tiempo.

Amenaza militar

La exhibición militarista constituye una amenaza velada viniendo de un líder señalado por financiación ilegal de su partido, FCN-Nación, y que está pendiente de que el Congreso debata sobre su desafuero para que pueda ser investigado.

La imagen de la comparecencia, en la que aparecen 79 hombres contando al propio Morales y una sola mujer, de los que solo siete, incluyendo al presidente, llevan traje y el resto están uniformados, recuerda a la escenografía de Efraín Ríos Montt, el golpista que lideró Guatemala entre 1982 y 1983, cuando se perpetró la mayor parte de los crímenes del genocidio. Con este despliegue, Morales lanzaba un mensaje: «estoy dispuesto a todo». Que el presidente guatemalteco ponga fin al mandato de la Cicig no sorprende. Hace un año, ya intentó declarar «non grato» al comisionado, Iván Velásquez. Solo la acción de la Corte de Constitucionalidad lo impidió.

Desde entonces, su administración está en guerra con la institución anticorrupción, a la que acusa de aplicar la «justicia selectiva» y perseguir únicamente a un sector político, el suyo, el conservador.

Esta teoría, que cala en un país todavía marcado por el conflicto armado interno (1960-1996), viene a decir que Velásquez, las ONG e incluso la embajada estadounidense tienen un plan para instaurar en Guatemala un sistema izquierdista. Sí, parece delirante, pero eso es lo que argumentaban los partidarios de Morales que el viernes, desde que se conoció la no renovación de la Cicig, se desplazaron ante la sede del organismo internacional. «No queremos ser Venezuela o Nicaragua» era uno de los lemas más repetidos.

La Cicig fue creada, por acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, en diciembre de 2006. Su función es apoyar a la fiscalía en la investigación de cuerpos ilegales de seguridad y su papel ha sido clave, por ejemplo, en el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina, que lleva tres años en prisión acusado de corrupción. La izquierda le apoya, aunque en ocasiones le ha criticado por considerarle parte de la agenda de EEUU. La respuesta a Morales llega de la plaza, símbolo de las grandes protestas de 2015 y 2017. Tras las primeras, Pérez Molina renunció, para después ser encarcelado. Después de las segundas, el Congreso echó atrás los planes para reducir las penas en casos de corrupción. Ahora tiene que demostrar si es capaz de poner freno a los planes de un presidente capaz de recurrir a la fuerza