Guatemala: genocidio contra el pueblo ixil, sin culpable
José Mauricio Rodríguez Sánchez, el último exmilitar que debía responder por el genocidio perpetrado contra el pueblo ixil, en Guatemala, ha sido absuelto. El tribunal reconoce las atrocidades cometidas entre 1982 y 1983, pero exonera al antiguo jefe de Inteligencia. Las víctimas quedan con sabor agridulce.
Hubo genocidio. No hay culpable. Ese es el amargo resumen de la histórica sentencia hecha pública el miércoles por el Tribunal de Máximo Riesgo de Guatemala. Había un único acusado, el antiguo jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez. La sala lo exonera, por considerar que no tenía capacidad para dar órdenes. Sí reconoce el asesinato de 1,771 indígenas ixiles durante el período entre 1978 y 1983, con especial virulencia en los dos últimos años, los del general Efraín Ríos Montt, que llegó al poder tras un golpe de Estado. El militar ya fue condenado por genocidio en 2013, pero un recurso ante la Corte de Constitucionalidad obligó a repetir el juicio. Murió en abril de este año, bajo arresto domiciliario, pero con sus allegados clamando por su impunidad..
La demanda la interpuso, hace casi dos décadas la premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú. Por segunda vez, los tribunales guatemaltecos reconocen que el Ejército diseñó un plan para exterminar al pueblo ixil, considerado por documentos castrenses de la época como «enemigo del Estado». Mataron a miembros de esta población, otros fueron utilizados como esclavos, las mujeres fueron abusadas, las aldeas arrasadas, porque los altos mandos militares establecieron una equiparación entre ixiles y guerrilla. Eran tiempos de la doctrina contrainsurgente, de «quitar el agua al pez».
La fórmula escogida por el Gobierno fue castigar a toda la población. En el caso del pueblo ixil, que se ubica en el departamento de Quiché, a menos de 300 kilómetros al norte de la capital, supuso que el 33% de la comunidad fuese exterminada a manos del Ejército. El contexto era el conflicto armado interno, que se extendió en Guatemala entre 1960 y 1996. Se trató de una guerra larga, brutal, pero que conoció sus años más sanguinarios cuando Efraín Ríos Montt ejerció la Jefatura de Estado.
En su fundamentación, los jueces recordaron la discriminación y el racismo que los pueblos indígenas han sufrido desde la conquista española. Una situación que se ha extendido hasta la actualidad, pero que durante el conflicto armado fue agravada por el asesinato sistemático de las comunidades.
Sistema de exterminio
El fallo refleja el sistema: cuando la aviación bombardeaba las comunidades, sus habitantes se refugiaban en las montañas. Hasta que los militares decidieron arrasar con las aldeas. «Con listas de nombres en mano llamaban a las personas por su nombre y las mataban enfrente de los demás pobladores», dijo la juez Sara Yoc. «Los niños fueron asesinados y los nonatos fueron extraídos de los cuerpos de sus madres» prosiguió. «El Ejército estaba compuesto por hombres que fueron dirigidos por la escoria humana y que como fariseos se dedicaban a predicar sobre la existencia de un dios divino», concluyó. Tanto en el interior como en el exterior de la sala, víctimas directas de la violencia escuchaban el fallo.
La sensación agridulce para las víctimas es que el entonces jefe de Inteligencia, el único acusado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue absuelto. Según los magistrados, no se ha podido determinar que tuviese responsabilidad directa en las atrocidades. Él fue uno de los diseñadores del «Plan Victoria», uno de los programas militares que permitió el genocidio. No ha sido suficiente para condenarle. Solo la juez Sara Yoc, minoría dentro de los tres magistrados que componen el tribunal, emitió un voto particular, considerando que debía haber sido condenado.
El fallo tiene su importancia de cara a la memoria histórica y reconoce el horror de los años de la guerra. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde entonces ha permitido que los principales culpables no sean condenados. Aún quedan pendientes más juicios. El próximo, el relativo al del pueblo maya achí, en el que se recogen matanzas como la perpetrada en Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz. Ahí, 150 personas fueron masacradas el 15 de setiembre de 1983.