El exresponsable de los parques tecnológicos dice que emplazó a Alberdi a denunciar la extorsión

El exresponsable de la red de parques tecnológicos de la CAV, Julián Sánchez Alegría, ha defendido que cuando la abogada Ainhoa Alberdi le trasladó que el diputado alavés Alfredo de Miguel le había pedido que pagara una comisión por un contrato del Parque Tecnológico de Araba, le dijo que se dirigiera a la Justicia a «poner la correspondiente denuncia» y que se ocuparía personalmente de que «ningún euro de la liquidación del contrato se pudiese derivar a ningún fin ilícito».

El Tribunal de la Audiencia Provincial de Araba ha iniciado hoy las declaraciones de los acusados en el 'caso De Miguel' relacionadas con las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos en el Parque Tecnológico de Araba a las empresas Stoa y Urbanorma, esta última empresa de la que era socia la empresaria Ainhoa Alberdi, quien destapó esta presunta trama en el año 2009.

Sánchez Alegría, para el que la Fiscalía reclama una condena de 17 años de cárcel, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y a las formuladas por el presidente del Tribunal, Jaime Tapia. El responsable de la red de parques tecnológicos de la CAV en 2006 ha confirmado que en enero o febrero del año 2009, la abogada Ainhoa Alberdi le solicitó «con urgencia» una reunión en su despacho de Zamudio donde le exhibió un correo electrónico y le trasladó que un diputado foral, Alfredo de Miguel, le pedía una comisión por el contrato de Urbanorma para la compra de terrenos para ampliar el Parque Tecnológico.

Según ha explicado, este contrato para gestionar la ampliación de Miñao se desarrollaba desde el año 2006 y en ese momento se estaban llevando a cabo el final de los trabajos y la liquidación del contrato. Sánchez Alegría ha indicado que la abogada le puso de manifiesto esta «extorsión» y que «temía que no se le liquidasen sus honorarios».

En este sentido, ha explicado que en la reunión le dijo a Alberdi que se dirigiera a la Justicia a «poner la correspondiente denuncia», que no se preocupara porque se iba a ocupar de que se liquidase su contrato y que se ocuparía personalmente de que «ningún euro de la liquidación del contrato se pudiese derivar a ningún fin ilícito».

Asimismo, ha dicho que es «falso» y le «indigna» que se le haya acusado de avisar a Alfredo de Miguel tras la reunión mantenida con la denunciante, ya que no lo hizo «ni por teléfono, ni le avisé personalmente, ni por persona interpuesta» y también ha rechazado que enviara al diputado foral un correo electrónico pidiéndole que fuera «más discreto». «Es una acusación indignante», ha insistido.

También ha reconocido que le contó la denuncia de Alberdi al gerente del Parque Tecnológico de Miñao, Alfonso Arriola, porque tenía un «compromiso» con la abogada a quien le dijo que iba a «supervisar la liquidación de sus honorarios». Ha explicado que encomendó a Arriola «de manera expresa, la supervisión exquisita de la liquidación del contrato» y «así lo hizo, no me queda duda». «No coaccioné ni facilité la coacción», ha insistido.

Por su parte, el gerente del Parque Tecnológico de Miñao en 2006, Alfonso Arriola, para el que la Fiscalía pide una pena de cárcel de 21 años, ha reconocido que el propio Julián Sánchez Alegría, le trasladó en una reunión privada la denuncia de Ainhoa Alberdi pero no le dio «credibilidad» y consideró que se trataba de un «malentendido» entre ambos.

Asimismo, en conversaciones con Sánchez Alegría le dijo que invitara a la abogada a denunciarlo, ya que por su parte «no había ningún problema». «No se me ocurre pensar que un diputado foral va a pedir dinero por un contrato y menos por escrito», ha defendido.

Arriola ha defendido el contrato con Urbanorma -empresa de Alberdi-- para llevar a cabo los trabajos de ampliación del PTA, explicando que la adjudicación directa a esta empresa, sin concurso público, se hizo dentro de la normativa y ha subrayado que no tiene «ninguna duda» de la legalidad del contrato.

Según ha detallado, pidió a Alfredo de Miguel «un hombre con mucho peso en la Diputación Foral de Araba», una «recomendación» para llevar a cabo estos trabajos de ampliación del PTA y este le puso en contacto con Ainhoa Alberdi, con la que se reunió y decidió contratar de forma directa al considerar que tenía experiencia profesional «suficiente» para llevar a cabo «con absolutas garantías» el trabajo que querían realizar. «Cuando uno encuentra lo que busca, no hay por qué buscar más», ha explicado al juez.

Preguntado por su abogado sobre si De Miguel le dio el nombre de otras empresas, ha reconocido que es posible que le proporcionara «alguna otra referencia» pero ha señalado que consideraba «conveniente que no fuera ninguna empresa relacionada con el Territorio Histórico de Alava para que no surgieran conflictos de intereses»