El Estado contra Otegi, una obsesión con efecto bumerán

Es la segunda vez que Europa anula una condena a Otegi. El Supremo tumbó otra. Ha sido detenido siete veces y encarcelado en seis periodos, 13 años en total, más de la mitad por su actividad exclusivamente política. También ha sido inhabilitado y se le han exigido fianzas millonarias. Y antes que todo eso denunció torturas impunes, como otros miles de compatriotas vascos.

Segunda victoria europea de Otegi frente al Reino de España

Será difícil encontrar casos en Europa de personas a las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya amparado dos veces. Estrasburgo ya anuló la condena dictada contra Otegi por llamar «jefe de los torturadores» al entonces rey español, Juan Carlos de Borbón. Decretó que se había vulnerado su libertad de expresión y recordó que era un portavoz parlamentario. Las declaraciones se habían producido en 2003, poco después de la redada de ‘‘Egunkaria’’ que se saldó con graves torturas, con motivo de una visita del monarca a Bilbo. Le condenó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2005 y lo invalidó Estrasburgo en 2011. Precisamente tres meses antes de que fuera juzgado en la AN por este «caso Bateragune» y cuando estaba preso preventivo.

El Supremo tuvo que anular una condena de la AN por «prejuicio»

Más significativo aún resulta que el Supremo tuviera que corregir una condena de la AN debido a la parcialidad de la jueza, evidenciada ante toda la opinión pública por el eco televisivo del caso. Se trataba de Ángela Murillo. Presidía el tribunal que juzgó a Otegi por un homenaje al preso Joxe Mari Sagardui Gatza en 2005 en Zornotza, acusado de «enaltecimiento». El líder independentista llegaba a la vista desde prisión y estaba en huelga de hambre, pero cuando pidió agua la jueza le dijo con desprecio: «Por mí, como si bebe vino». Luego, y esto fue menos impactante pero más sustancial, le reclamó si condenaba a ETA, algo que Otegi se negó a contestar, tras lo que Murillo exclamó: «Ya lo sabía». Analizado el asunto, el Supremo decretó que la pregunta tenía «contenido incriminatorio», anuló por «prejuicio» la condena a dos años de cárcel y ordenó repetir el juicio. Con otro tribunal de la misma AN, Otegi quedó absuelto. De ahí procede el intento de recusación de Murillo en el «caso Bateragune»&flexSpace;que ha derivado en el fallo europeo de ayer.

Cinco encarcelamientos por actividad puramente política

Otegi cumplió condena por militancia en ETA entre 1987 y 1993, en dos periodos interrumpidos por un recurso. Pero es tras 2005 cuando ha sufrido un rosario de castigos por su actividad exclusivamente política. Primero se le encarceló unos días por el caso de las herrikos. En 2006, también unos días por los sabotajes producidos en una huelga general; lo ordenó el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y fue justo después de que ETA declarara un alto el fuego (marzo de 2006) en el marco del proceso de negociación con el Gobierno Zapatero. Ya en junio de 2007 se le envió de nuevo a prisión para cumplir condena por un acto de recuerdo a José Miguel Beñaran Argala, y ahí permaneció hasta agosto de 2008. Y luego agotó íntegra la pena de seis años y medio ahora declarada injusta; de octubre de 2009 a abril de 2016. Entre 2005 y 2018, por tanto, el Estado español ha tenido más tiempo a Otegi entre rejas (ocho años) que en la calle (cinco). Y eso que no prosperaron otras acusaciones ciertamente surrealistas, como la imputación por el mitin del Velódromo de Anoeta de 2004, las diligencias por la quema de una bandera española en una manifestación en Donostia...

Una inhabilitación cuestionada en su día e insostenible ahora

En vísperas de las elecciones al Parlamento de Gasteiz hubo un intenso debate sobre si Otegi estaba inhabilitado para sufragio pasivo (ser elegido) o si la prohibición no existía al no haberse concretado los cargos que le estaban vetados. Desde instancias electorales al Constitucional cerraron filas para sacarle de la carrera electoral. Todo se reabre ahora al declarse injusta la sentencia raíz del litigio.

Dos fianzas multimillonarias para poder recobrar la libertad

La obsesión contra Otegi se tradujo también en dos fianzas desmesuradas para recuperar la libertad provisional en el sumario de las herrikos (400.000 euros) y en el caso de la huelga general (250.000 euros). Ambas fueron decretadas por Grande-Marlaska.

Y antes de todo, las torturas

En su época de militante en ETA, en 1987, Otegi padeció además una situación común a otros miles de vascos. Tras ser entregado en la muga de Hendaia a la Guardia Civil, denunció torturas que detalló el pasado mes de febrero en un hilo de Twitter. El primer día «me pusieron una camisa de fuerza y me sumergieron una y otra vez en la bañera hasta perder el conocimiento». El segundo siguió la bañera y la acompañaron de «descargas eléctricas». Al tercero llegaron los golpes. El cuarto, «me dejan una pistola encima de la mesa y me animan a cogerla y fugarme». Al quinto no declaró y al sexto lo enviaron a prisión.