El fiscal reduce a la mitad su petición y reclama casi 30 años para Alfredo de Miguel
La Fiscalía de Araba ha reducido a casi la mitad su petición de cárcel para el que fuera número 2 del PNV alavés Alfredo de Miguel, juzgado liderar una presunta trama de cobro de comisiones ilegales, ya que tras la celebración del juicio solicita una pena de 29 años y 9 meses frente a la petición inicial de 54 años y 11 meses.
El fiscal ha hecho público hoy su informe final acusación de este macroproceso con 26 imputados, la presunta trama corrupta en el que están acusados varios exdirigentes del PNV alavés, en el que rebaja sustancialmente las peticiones de prisión para todos ellos y absuelve a seis que llegaron a un pacto con el Ministerio Público.
La Fiscalía reclama una pena de 29 años y nueve meses de cárcel para el exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, al que considera el cabecilla de una trama de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos públicos, una petición de condena recogida en su escrito de conclusiones definitivas y que reduce significativamente la pena que solicitaba inicialmente, que ascendía a 54 años de prisión.
El ministerio público atribuye a De Miguel una veintena de delitos relacionados con las actividades de la presunta red corrupta, cuyo liderazgo le atribuye, que habría operado entre 2005 y 2009, hasta que una empresaria denunció el entramado ante la Ertzaintza.
Aunque la suma de las condenas por esta veintena de delitos asciende a 29 años y nueve meses de prisión, el Código Penal establece que el tiempo efectivo de estancia en prisión no puede superar el triple de la pena más alta impuesta, por lo que si es condenado, De Miguel permanecería un máximo de doce años en la cárcel.
El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, también rebaja sus peticiones para Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, también considerados cabecillas de la trama. Sus peticiones se reducen de forma ostensible al pasar de 32 años y 2 meses a 13 años y 7 meses para cada uno.
Antes de las declaraciones de los acusados en el juicio el fiscal llegó a un acuerdo con varios de los procesados con el compromiso de reducir sus peticiones de pena a cambio de reconocer delitos. Para seis de ellos pide la absolución porque considera no se sostiene la acusación o bien porque los delitos han prescrito, y para el resto reduce significativamente las penas.
La relación del resto de los imputados, con las penas de cárcel que inicialmente pedía la Fiscalía y las que solicita ahora, es la siguiente:
Ainhoa Bilbao: mujer de De Miguel y socia de Kataia, la empresa sobre la pivotaba la trama. La petición del fiscal pasa de 30 años y 6 meses a 5 años.
Araceli Bajo: esposa de Aitor Telleria y socia de Kataia. De 21 años y 6 meses a 5 años.
Iratxe Gaztelu-Urrutia: mujer de Ochandiano y también socia de Kataia. De 21 años y 6 meses a 5 años.
Aintzane de Miguel: hermana de De Miguel y encargada de la contabilidad de Kataia. Pedían para ella 13 años y ahora 3 años y 4 meses.
Gurutz Larrañaga: exviceconsejero autonómico de Cultura y Juventud. El fiscal sustituye su petición de pena de 17 años de cárcel por 10 años de inhabilitación.
Josu Arruti Letamendia: empresario de la mercantil Sidepur que reconoció en el juicio una comisión para él y De Miguel del grupo Riera por una operación urbanística en Zambrana, ve reducida su petición de pena de 19 años y 10 meses de cárcel a 1 año y 9 meses.
Josu Arruti Odriozola: padre del anterior y socio de Sidepur. La petición de cárcel pasa de 19 años y 6 meses a 9 meses.
Estíbaliz Arruti: hermana e hija de los anteriores. El fiscal pide ahora su absolución por no sostenerse la acusación (antes 6 años).
Gorka Errasti: esposo de la anterior. Pedían 6 años y ahora su absolución por prescripción del delito de blanqueo de capitales.
Francesc Fernández, Plácid Casas, Joaquín Sabater y Ramón Tomás Riba, empresarios vinculados con la operación Zambrana, para quienes el fiscal pedía 7 años y 6 meses para cada uno, solicita ahora su absolución.
Prudencio del Hierro, constructor que reconoció haber pagado una obra en una vivienda de De Miguel en Gorliz (Bizkaia), ve reducida su pena de 7 años de cárcel a 3 meses.
Justina Angulo, exalcadesa del PNV de Zambrana. El fiscal, que pedía 4 años y 6 meses de cárcel, solicita ahora 10 años de inhabilitación.
Alfonso Arriola: exgerente del Parque Tecnológico de Araba. Ve reducida la solicitud de cárcel de 21 años a 5 años y 9 meses.
Julián Sánchez-Alegría: expresidente de la Red de Parques Tecnológicos Vascos. De 17 años la petición pasa a 1 año y 9 meses.
Xabier Sánchez Robles: exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua. La petición pasa de 18 años y 4 meses a 8 años.
Iñaki San Juan: administrado de las empresas Ortzi Muga y Errexal. La petición fiscal era de 19 años y 2 meses de cárcel y ahora de 7 años.
Josu Montes: vinculado a estas mismas empresas. De 17 años y 6 meses pasa a 6 años.
Iñaki Echaburu: responsable del grupo Loizate. La petición de cárcel pasa de 11 años a 6 años y 8 meses
Miren Lourdes Bilbao: exdirectora del Parque Tecnológico de Araba. Su petición de pena disminuye de 11 años y 6 meses a 4 años.
Sergio Fernández Oleaga: socio único de la empresa Stoa. El fiscal solicita 7 años y 5 meses de cárcel frente a los 12 años iniciales.