IU y PCE se querellan contra Juan Carlos de Borbón por «constitución de grupo criminal»

Izquierda Unida y el PCE se han querellado en el Tribunal Supremo contra Juan Carlos de Borbón, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Félix Sanz Roldán, José Manuel Villarejo, Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga y les acusan de la posible comisión de hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal.

Izquierda Unida y el PCE han presentado una querella en Tribunal Supremo contra Juan Carlos de Borbón en la que le acusan de la posible comisión de hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal.

La querella también va dirigida contra Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del anterior monarca español, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, el excomisario José Manuel Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, según han informado fuentes de IU.

«Hemos presentado una querella para investigar los posibles delitos de corrupción de la monarquía actual de algunos de los actores que se van a sentar hoy ahí arriba a darnos lecciones de democracia», ha explicado Alberto Garzón en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los actos que celebra el Congreso con motivo del 40º aniversario de la Constitución española.

Los abogados del PCE e IU basan el grueso de sus acusaciones en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos de Borbón tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.

En la querella, piden al Supremo que admitan su personación como acusación popular, insisten en que no puede haber ninguna inviolabilidad del monarca español que impida investigar posibles delitos. «No cabe duda de que los delitos por los que ahora se accionan y las conductas realizadas para cometerlos en absoluto se corresponde con ninguna función de un Jefe de Estado, por lo que ninguna inmunidad debe alcanzarles», argumentan en el texto.

Concluyen además que las grabaciones «ponen de manifiesto la presunta estructura organizada, con vocación criminal, creada y mantenida en el tiempo con el fin de realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de legalidad».

Ante la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar al monarca español emérito por su aforamiento, los querellantes piden al Supremo que abran una investigación sobre los hechos relatados.