Fecha límite para pedir el bono que las eléctricas no quieren

El lunes, 31 de diciembre, expira la prórroga para solicitar el bono social eléctrico y acceder, directamente, al bono social térmico. Adicae ha calificado de «escándalo masivo» la actitud de las grandes eléctricas y las «trabas» en la aplicación del bono social, ya que pretenderían evitar la devolución de entre 21 y 48 millones que han cobrado indebidamente. A día de hoy, el 7% de los vascos sufre pobreza energética.

Sandra vive con su hija estudiante en su piso. Con su pensión de incapacidad recibe 404,77 euros al mes, más un complemento, una prestación básica de la renta garantizada puesta en marcha por el Gobierno de Nafarroa. Nunca ha puesto la calefacción. «Pasamos mucho frío, tanto que muchas veces pensamos en salir a la calle, ya que hace menos frío que en casa», explica a GARA. Les toca afrontar los meses de invierno y frío solamente con mantas. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que cerca del 7% de los vascos, el 7,9% en la CAV y el 4,8% en Nafarroa, no puede, como le ocurre a Sandra, mantener su casa a una temperatura adecuada y sufre pobreza energética, que no es más que pobreza, derivada del capitalismo, y que la crisis ha ensanchado hasta límites insoportables.

Y es que el español es el quinto estado europeo con la electricidad más cara –el precio oscila en 25€/100 kWh– para los consumidores domésticos, según los datos publicados por Eurostat, ajustados a paridad de poder adquisitivo. Además, el precio de la electricidad ha subido progresivamente durante los últimos años; más del 8% en el último. Al igual que el gas, que este año será un 15% más caro que el ejercicio pasado.

Por ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en octubre el decreto-ley 15/2018 que introdujo cambios en el nuevo bono social eléctrico creado en 2017, a la vez que creó el bono social térmico, medidas insuficientes pero apremiantes para familias como la de Sandra. El 8 de octubre era el plazo máximo para que los que ya son beneficiarios del bono social eléctrico de 2009 –año en el que se aprobó por primera vez– solicitasen a su compañía eléctrica pasar al regulado en 2017. No obstante, se abrió un plazo extraordinario de regularización, hasta el 31 de diciembre, para los beneficiarios del bono social eléctrico que no cuenten con una solicitud completa.

Entre los cambios mencionados, el Gobierno español añadió a las familias monoparentales, grandes dependientes y dependientes severos (grados III y II) como grupos sociales que también pueden beneficiarse y que no tienen un plazo de solicitud, pues podrán darse de alta en cualquier momento siempre y cuando cumplan con los niveles de renta exigidos en el decreto de 2017. Por otro lado, para acceder al bono, es necesario estar considerado un consumidor vulnerable, que esté en riesgo o ya padezca pobreza energética. Para ser considerado como tal, se debe acreditar una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. En el caso de tener un hijo o hija a su cargo, la cuantía máxima es de 1.074; y de 1.343 si tiene dos menores bajo su responsabilidad. El límite máximo de renta para recibir este bono se incrementará en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33% o sea víctima de violencia machista o de «terrorismo». Las familias numerosas y los pensionistas con retribución mínima también pueden optar a ello. En caso de que los ingresos de la persona solicitante no lleguen al 50% de los fijados anteriormente para el consumidor vulnerable, se le consideraría consumidor vulnerable severo.

Por otra parte, el bono social eléctrico se aplicaría sobre la factura desde el primer día de facturación y durante dos años (luego se podría solicitar nuevamente). El consumidor vulnerable podría tener un descuento del 25% en la factura de la luz y el severo, un 40%. Además, si está en riesgo de exclusión o está siendo atendido por los servicios sociales, podría tener un descuento del 50%.

Aunque superada la fecha del 31 de diciembre los consumidores podrán seguir solicitando el bono social eléctrico, se quedarían sin la ayuda para pagar la calefacción y el agua caliente, es decir, el bono social térmico, contemplado como una ayuda urgente para este invierno y recogido en el decreto-ley 15/2018 antes citado, ya que se devengará a partir del 1 de enero de 2019 y a través de un único pago. Por lo tanto, contar con este bono térmico pasa por tener reconocido el eléctrico.

El Gobierno español tiene previsto abonar esta ayuda de forma directa este 2019, pero a partir del próximo ejercicio calculará la distribución por territorios del presupuesto disponible y transferirá el dinero para su pago a las comunidades, que tendrán potestad para decidir ampliar la cuantía de este bono con cargo a sus presupuestos.

Las eléctricas, a rebufo de la banca

A su vez, solicitar el eléctrico, como puerta de entrada al térmico, antes del lunes permitirá a los consumidores recibir las cantidades atrasadas del bono social eléctrico que dejaron de percibir desde el 8 de octubre por no haber solicitado la renovación. Algo a lo que las grandes eléctricas no están dispuestas. De hecho, la asociación Adicae ha denunciado las trabas que estas compañías están poniendo para evitar la devolución de entre 21 y 48 millones de euros que han cobrado indebidamente a los consumidores a los que no se aplica el bono social eléctrico pero tienen derecho a tenerlo. La semana pasada, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que actualmente hay activos 1.041.812 bonos sociales eléctricos en el Estado, de un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por su parte, informó de que a finales de julio pasado únicamente 650.000 usuarios habían solicitado el nuevo bono social, frente a los 2,5 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo. Según la estimación que baraja Adicae, más de un millón de familias no han solicitado el nuevo bono, lo que pone de manifesto la necesidad de intervenir en las prácticas que con esa finalidad llevan a cabo las eléctricas. Para esta asociación, con sus «abusos y trabas» en las solicitudes formuladas las eléctricas pretenden seguir el nefasto ejemplo de la banca con las cláusulas suelo y negar a cientos de miles de consumidores la devolución de las cantidades pagadas en exceso, cuando las tres mayores compañías del Estado español registraron un beneficio de 5.627 millones de euros en 2018.

Para reclamar el bono social, en primer lugar hay que ponerse en contacto con la Comerzializdora de Último Recurso con la que el usuario esté dado de alta y completar un formulario que la compañía debería facilitar al cliente, algo que están evitando. Después de rellenarlo, hay que enviar todos los documentos que especifique la compañía.

Pese a que el decreto-ley introducía nuevas sanciones para las comercializadoras y tipifica como muy grave imponer injustificadamente condiciones, dificultades y retrasos en la tramitación de solicitudes del bono social, lo cierto es que el Gobierno no las está aplicando y miles de familias podrían quedarse sin las ayudas, fundamentales ante la llegada del frío. Todo ello supone un quebranto de la economía de estas familias y un perjuicio en la salud de sus integrantes.