«La causa ya se ha llevado por delante los derechos fundamentales»

Catedrática de Derecho Constitucional en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Mercè Barceló (Barcelona, 1962) ha sido una de las cabezas visibles del Col·lectiu Praga, una iniciativa de juristas para fomentar el debate sobre el derecho a decidir. Ahora participa en el ITW.

¿Qué actuaciones plantea International Trial Watch (ITW) ante el juicio del Supremo?

Nuestra tarea se limitará a la difusión pedagógica de todo aquello que se vaya produciendo desde la perspectiva de los derechos de los encausados, tanto a través de nuestra web como de los medios de comunicación. Y se acompañará del trabajo técnico que harán las personalidades que participarán en la observación de la causa judicial.

¿La presencia de un equipo de observadores asegura un proceso penal más escrupuloso?

Más allá de la utilidad técnica o la posibilidad de trasladar a la ciudadanía un relato preciso sobre el caso, hay en juego un factor humano: el Tribunal juzgador se sentirá observado por grandes especialistas en la materia que estarán presentes en la sala o siguiendo vía televisiva cada momento del juicio. Evidentemente, esto tiene su efecto, al menos en cuanto al trato que reciban los encausados y sus defensas. Un trato que tendrá que ser exquisito para preservar, al menos en las formas, sus derechos. 

¿Sus informes pueden alterar el desarrollo de la causa si advierten anomalías?

En caso de que se aprecien lesiones de derechos, servirán de apoyo técnico para las defensas, para continuar el proceso ante el Tribunal Constitucional, instancia obligatoria si se alegan vulneraciones de derechos. Y, a la vez, pueden servir para evidenciar ante la opinión pública si se trata de un juicio político, con las consecuencias que esto puede suponer si la causa llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En causas similares, ¿los observadores han sido influyentes o meramente narradores de lo acontecido?

La monitorización de juicios es habitual en países dónde se duda de la independencia o imparcialidad del poder judicial, como es el caso del Estado español. Solo hay que leer el informe GRECO publicado el 2017 por el Consejo de Europa, el cual pone en entredicho la independencia del sistema judicial español.

Vista la orientación que han tenido las diligencias y las medidas tomadas hasta el momento desdel Supremo, ¿son optimistas los observadores?

Hay que ser claros: la causa persigue un resultado ejemplificador con el castigo de los dirigentes civiles y políticos del independentismo. Y esto cueste lo que cueste: hasta ahora ya se ha llevado por delante la división de poderes, los derechos fundamentales de la ciudadanía y la credibilidad del Estado español como estado de derecho y democrático. Todo al servicio de un objetivo que prevalece por encima de cualquier principio: la unidad de España. Así pues no creemos, y los observadores tampoco, que el enfoque varíe de estos términos.