La Fiscalía se empeña en añadir el componente de violencia

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular (Vox) han expuesto sus principales argumentos contra el independentismo en la segunda sesión del juicio después de que ayer fuera el turno de las defensas. La sesión se retomará mañana a las 10.00 con las primeras declaraciones de los acusados.

Comenzaba su turno la Fiscalía, a través del fiscal Javier Zaragoza, que ha impugnado todas las alegaciones de las defensas sobre la vulneración de los derechos fundamentales. La CUP pidió la reprobación del fiscal a través de una resolución en el Parlament en el 2016 por sus «instrucciones de persecución de los cargos electos catalanes» que defendieron la declaración del 9N de 2014. Zaragoza era entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Zaragoza ha afirmado que «este es un juicio en defensa de la democracia española, del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978». En este sentido, el fiscal ha remarcado que «este proceso no se persigue una ideología, ninguno de los acusados está siendo perseguido sus ideas», y que lo que se persigue «son las acciones». Asimsimo, Zaragoza ha insistido en que «el legítimo ejercicio de los derechos no justifica convocar a miles de ciudadanos para secuestrar una comitiva judicial», haciendo referencia a los hechos ocurridos en la consejería de Economá en setiembre de 2017 en Barcelona.

Respecto al 1-O, Zaragoza ha afirmado que «solo hubo dos heridos graves; el primero fue atendido cuando le estaba dando un infarto; y el segundo, sufrio el impacto de una pelota de goma en un ojo tras lanzar una valla contra la polícia». También ha cuestionado al tribunal alemán de Schleswig-Holstein que dejó libre a Carles Puigdemont, al que ha calificado como «un procesado rebelde». «Se produjo una indebida intromisión», ha destacado. No obstante, conviene recordar que el tribunal alemán no cuestionó el relato de Llarena sino que consideraron que los hechos de octubre de 2017 no encajaban en el delito de alta traición que recoge la Constitución alemana.

El fiscal Fidel Cadena, por su parte, ha reiterado que el Parlament de Catalunya «atacó el orden constitucional y el sistema democrático».Cadena fue fiscal deel Tribunal Superior de Justicia de Aragón durante 17 años.

Asimismo, ha declarado que el «proceso de desconexión que querían poner en marcha está lejos de cualquier legalidad». Respecto a la denegación de pruebas, Cadena ha afirmado que «todos los abogados y acusados tienen acceso a todas las pruebas».  En su empeño en añadir el componente de violencia, el fiscal ha destacado que «se persigue un comportamiento que pretende la subversión política y la ruptura del orden constitucional mediante actos violentos». Actos violentos que el fiscal los ha narrado como «murallas humanas que se alzan contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Además. ha destacado que la soberanía reside en el pueblo español y no en el catalán, por lo que ha negado el derecho de autodeterminación «de las regiones». Respecto a la instrucción del juez Llarena, el fiscal lo ha calificado como «excelente».

Abogacía del Estado: «No estamos ante un juicio estafa»

La abogada Rosa María Seoane es la nueva jefa de la sección penal de la Abogacía del Estado. Fue secretaría general de Adif y nombrada después de la destitución de Edmundo Bal después de que este rechazase el planteamiento de Sánchez de no hacer mención a la violencia en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado en el juicio contra los líderes independentistas.

Seoane ha explicado que «hoy nos encontramos en esta sala porque se han producido hechos que son delictivos en el Código Penal». Después de que la defensa de Jordi Cuixart pidiera expulsar a la Abogacía del Estado como acusación en su caso, la letradaha afirmado que la esta esta legitimada para ejercer esta acusación particular. Ha señalado asimismo que «hay un intento de llevar esta causa al TEDH cuando se trata de una cuestión de derecho interno». «Esto no es un juicio estafa», ha concluido.

Vox contra los lazos amarillos

Pedro Fernández ha sido el encargado de representar a la acusación popular de Vox. Fernández es vicesecretario jurídico de la formación y mano derecha del secretario general, Javier Ortega Smith. Ha comenzado su intervención quejándose de que «algunos acusados llevan un adorno que parece un lazo amarilla» y ha pedido retirarlas. No obstante, Manuel Marchena, acogiéndose a jurisprudencia del TEDH, ha explicado que los acusados pueden llevar «la simbología que quieran».

Respecto a las causas previas de las defensas, el abogado de Vox ha negado que hayan vulnerado los derechos fundamentales como el acceso a un juez imparcial. Por otra parte, ha señalado que «la libertad de expresión está sometida a los límites de la seguridad nacional y la defensa del orden».