Las diligencias previas desnudan la excepcionalidad jurídica y procesal

El juicio contra el independentismo catalán no es un hecho insólito por su carácter político, ya que en las últimas décadas se han llevado a cabo en Madrid otros procesos merecedores de ese adjetivo, pero sí es excepcional por el contexto en que se produce, por la relevancia que ha adquirido para la estabilidad del Estado y porque en el banquillo se sientan importantes representantes institucionales.

El juicio contra el independentismo catalán no es un hecho insólito por su carácter político, ya que en las últimas décadas se han llevado a cabo en Madrid otros procesos merecedores de ese adjetivo, pero sí es excepcional por el contexto en que se produce, por la relevancia que ha adquirido para la estabilidad del Estado y porque en el banquillo se sientan importantes representantes institucionales.

Pero la excepcionalidad no se limita a esos elementos adyacentes, sino que afecta también al ámbito estrictamente procesal, técnico, como puso de manifiesto ayer la defensa al dirimir las cuestiones previas. Así lo expuso, por ejemplo, el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, quien llegó a utilizar el término «vodevil» para calificar este proceso. «Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales», valoró.

El letrado destacó el papel desempeñado por el Juzgado de Instrucción de Barcelona donde se instruye la organización del referéndum, que es la «causa madre» de todo el proceso, recordando que ese juzgado abrió diligencias para investigar unas manifestaciones del exsenador Santiago Vidal y que después se ampliaron, «sin justificación», por una querella de Vox a delitos de rebelión y sedición, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijese que no veía dichas conductas penales.

Van den Eynde reprochó que se han vulnerado numerosos derechos, como el de expresión, de reunión y manifestación y de libertad ideológica, así como el derecho a la deliberación y separación de poderes. «Si no se han violado todos los derechos fundamentales, se han restringido todos», enfatizó, apostillando que «la presunción de inocencia es un derecho constitucional» y que «nadie entiende que unos inocentes estén en prisión más de un año».

Por su parte, Jordi Pina, abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del exconsejero Josep Rull, puso en duda la imparcialidad de los miembros del tribunal, empezando por su presidente, Manuel Marchena, a quien señaló directamente cuando recordó la polémica generada por el whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que si este magistrado era elegido como presidente del Consejo General del Poder Judicial su partido podría controlar la Sala de lo Penal del Supremo «desde detrás».

Asimismo, destacó que cuatro de los siete miembros del tribunal están «contaminados», porque fueron los magistrados que admitieron a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el Govern de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y cinco exmiembros de la Mesa, que inició esta causa.

Pina pidió al tribunal que reconsidere todas las pruebas que le han sido denegadas, como por ejemplo la declaración como testigo del rey español, Felipe de Borbón: «Sería interesante para este proceso escuchar lo que pueda decirnos el Rey de España», consideró al respecto.

Ana Bernaola, en representación de Jordi Turull, se sumó a las manifestaciones de Pina y solicitó la suspensión del juicio hasta que no esté a su disposición toda la prueba documental. En este sentido, se quejó de que la «nube virtual» mediante la cual los abogados tienen acceso al sumario tiene fallos, como la existencia de carpetas vacías y parte del sumario al que no han podido acceder, problemas técnicos que todavía persisten, lo que ha producido una vulneración del derecho a la defensa.

Derecho penal de autor

La inadmisión de pruebas fue una de las denuncias que más veces esgrimieron los abogados. También lo hizo Benet Salellas, letrado de Jordi Cuixart, quien censuró que tres pruebas periciales le han sido denegadas pero que se han admitido, en cambio, todas las de la acusación. «Se nos ha negado una prueba que contraargumenta el análisis de los tuits de Jordi Cuixart», criticó. El abogado también recriminó a la Fiscalía que no tenga en cuenta a los ciudadanos heridos durante el 1-0 y sí a los agentes que sufrieron lesiones. «La Fiscalía omite parte de la verdad. Se van a discutir estos hechos solo con la mitad de la información», censuró Salellas.

En parecidos términos, Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, declaró que testimonios de Carles Puigdemont y Marta Rovira que han sido rechazados «son de vital importancia para esta defensa», y recriminó que hay documentos en catalán que no se han traducido al castellano. La abogada concluyó denunciando que «se nos está aplicando un derecho penal de autor», algo que siendo excepcional tampoco nos resulta extraño.