El juez del caso de Pablo Ibar decidirá este lunes la fecha para la segunda fase de juicio
El magistrado Dennis Bailey decidirá este lunes la fecha para el comienzo de la segunda parte del proceso judicial contra Pablo Ibar, en la que el jurado deberá decidir entre la pena de muerte o la cadena perpetua. El juez decidió posponer el comienzo de la segunda parte tras aceptar como agravante un allanamiento de morada que no está relacionado con los hechos que se juzgan.
El juez Dennis Bailey, encargado del caso de Pablo Ibar, decidirá este lunes la nueva fecha para el comienzo de la segunda parte del juicio, en la que se impondrá la sentencia de pena de muerte o cadena perpetua.
En un principio, este 25 de febrero tendría que comenzar la segunda etapa de la vista oral, pero Bailey accedió a posponerlo el pasado día 15 después de aceptar la petición de la Fiscalía para que el jurado, a la hora de decidir la condena, tenga en cuenta como agravante la detención por un allanamiento de morada cometido tres semanas después de los crímenes de Miramar, de los que ha sido declarado culpable Ibar.
El dictamen final está en manos del jurado, que, tras escuchar a la Fiscalía y a los letrados de la defensa, deliberará sobre el tipo de condena a imponerle. Si opta por la pena de muerte, la decisión debe ser unánime entre los miembros del tribunal popular. En caso de que no se consiga la unanimidad, la condena será de cadena perpetua. Tras la resolución del jurado, el magistrado tiene potestad para reducir la pena de muerte a cadena perpetua, pero en ningún caso puede modificar la decisión del tribunal popular si éste opta por la perpetua.
Además, se espera que en próximos días el juez del Tribunal de Broward County decida sobre las mociones presentadas por la defensa del procesado contra la pena de muerte, en las que califica esta condena de «cruel, inhumana y degradante». Pese a conocer la dificultad de que prosperen, los abogados de Pablo Ibar pretendían, con estos escritos, iniciar un proceso en los tribunales que posibilitara un cambio legislativo para prohibir la pena capital.