Urkullu confirma que Rajoy negó garantías para evitar la DUI

El lehendakari confirmó ayer la mediación de octubre de 2017 entre Puigdemont y Rajoy, de quien no pudo conseguir las garantías de no aplicación de 155 que el president le pedía para no ir a la DUI.

Va a permitir el lector que empiece con una previa que nos lleva a Barcelona un 26 de octubre de 2017. La comparecencia en la que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, iba a anunciar la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas –de acuerdo a la legalidad española– se va posponiendo hasta convertirse en una declaración solemne y poco alegre en la que Puigdemont renuncia a dichas elecciones y pone en manos del Parlament el resultado del referéndum del 1 de octubre. Al día siguiente se aprobó la Declaración de Independencia; o algo parecido, no queda del todo claro después de escuchar las declaraciones de los dirigentes catalanes en el juicio contra el 1-O.

Poner el foco en esas horas en las que Puigdemont acaba cambiando su decisión es uno de los grandes éxitos narrativos de los contrarios a la independencia. Y es que a estas alturas cabe señalar que no fue un momento glorioso para un soberanismo que vio como durante octubre se le fue escapando de las manos todo el capital acumulado el 1 de octubre. Con todo, son momentos cruciales de la historia en los que el lehendakari Iñigo Urkullu tuvo un papel notorio. Ha sido parcialmente explicado en artículos y libros, pero ayer fue la primera vez en que pudimos escuchar el testimonio –bajo juramento– del lehendakari de primera mano. Que lo hiciera el mismo día en que murió Xabier Arzalluz no deja de ser una ironía del destino.

Urkullu hizo una declaración objetivamente correcta, acudió al Tribunal Supremo con la lección aprendida, detalló fechas, horas y lugares y, a diferencia de Rajoy y Sáenz de Santamaría la víspera, mantuvo un relato coherente con su propia actuación. Y es que su objetivo era –ayer lo repitió, por si alguien tenía alguna duda–, evitar tanto la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

Dicho esto, Urkullu confirmó lo que se ha repetido ya en numerosas ocasiones en el último año y medio: que la mañana del 26 de octubre –concretamente a las 10.05– Puigdemont le llamó para decirle que no podía seguir adelante con el acuerdo alcanzado la víspera –elecciones autonómicas a cambio de no aplicación del 155–. Lo hizo, según consideró ayer Urkullu, porque los manifestantes de la plaza Sant Jaume se le «rebelaron» y por las presiones de su propio grupo parlamentario.

A este relato, que ya era conocido, le faltaba sin embargo una pata para poder caminar. Si existía un acuerdo entre la madrugada del 25 y el 26 de octubre, se entiende que Urkullu no hablaba solo con Puigdemont. El lehendakari confirmó ayer que al otro lado del teléfono tenía al presidente del Gobierno español, algo que Mariano Rajoy no acabó de concretar la víspera, pese a ser preguntado directamente sobre ello.

De hecho, Rajoy negó rotundamente la existencia de una mediación, algo que solo cabe calificar de falsedad tras escuchar ayer a Urkullu. El lehendakari, que en un momento explicó que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, también le pidió –a través de Santi Vila– que fuese él quien interviniese, describió su papel como «enlace» y como «intercesor», y detalló que puso encima de la mesa varios esquemas: desde uno de diálogo, negociación, acuerdo y ratificación, a otro de perfil más bajo que empezase por una distensión y siguiera por un diálogo con una metodología acordada. Es decir, lo que describió fue una mediación en toda regla, por mucho que al final acabase fracasando.

Y es que Rajoy, que el 26 de octubre tuvo en sus manos evitar la DUI, se negó a realizar el más mínimo gesto que confirmase que no aplicarían el 155. El mismo día, en el Senado, Xavier García Albiol aseguraba que se suspendería la autonomía tanto si había elecciones como si no. Urkullu aseguró que por parte de Puigdemont encontró «siempre una disposición al diálogo», mientras que por parte de Rajoy, lo que describió fue una actitud «de escucha, de atención y de respuesta a lo que yo le planteaba, aunque la respuesta no siempre fuera la que yo deseara los días 25 y 26 de octubre». El abogado Francesc Homs le tuvo que pedir más detalles para que acabase reconociendo que, preguntado por las garantías que le reclamaba Puigdemont, «no hubo una respuesta taxativa» por parte de Rajoy.

El lehendakari también tildó la actitud del presidente de «renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución». Y eso que nada que se pareciese al derecho a la autodeterminación estuvo encima de la mesa en aquellas conversaciones, según repitió ayer Urkullu.

Un lehendakari intuitivo

El propio dirigente jeltzale, que fue muy cuidadoso en sus referencias a Rajoy, acabó sin embargo dibujando un escenario que mostraba que, frente a la voluntad de diálogo de Puigdemont, el Gobierno español se cerró en banda a cualquier solución que no pasase por el 155. Y eso fue así antes del 25, 26 y 27 de octubre, por mucho que Urkullu centrase en esos días la piedra de toque. Hay que retroceder dos semanas, hasta el 10 de octubre en el que Puigdemont presentó pero no votó ni aprobó la Declaración de Independencia el Parlament, algo que Urkullu consideró como una muestra de la disposición negociadora del president.

Pues bien, en vez de entenderlo así, al día siguiente, 11 de setiembre, la Moncloa envió un requerimiento a Puigdemont preguntándole si había habido DUI. Era la condición previa que la Ley exige para poder aplicar el 155. Es decir, era el primer paso para aplicarlo. De nuevo, el mismo Urkullu aseguró ayer que en la respuesta a aquel requerimiento, Puigdemont «manifestaba que no había habido una Declaración Unilateral de Independencia». Añadió que así se lo hizo saber a Rajoy, quien no obstante, siguió adelante con los trámites que culminaron a finales de octubre con la suspensión de la autonomía.

Con estos precedentes, no parece tan descabellado que Puigdemont pidiera algunas garantías antes de salir ante los suyos a explicarles que guardaba el anunciado mandato del 1-O en el cajón. Pero no hubo garantías ni gestos de ningún tipo. «Al president Puigdemont, que me requería alguna garantía, le dije que no le podía ofrecer garantías. En todo caso, una intuición», dijo Urkullu, que añadió: «Yo tuve mi intuición de cual sería la disposición del presidente, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155». Una intuición.

Como pudo verse ayer, el desenlace del octubre catalán es, en gran medida, la historia de varios fracasos. El más grande y más grave, el de Rajoy, por ser incapaz de dar una respuesta democrática a una demanda mayoritaria. Paga sus consecuencias en Santa Pola. En segundo lugar, el de Puigdemont y la clase dirigente independentista, que no pudo o no supo aprovechar el increíble capital político acumulado el 1 de octubre. No era fácil. Su intención, ayer quedó claro de nuevo, siempre fue una negociación con el Estado. En tercer lugar, a cierta distancia, fue también el fracaso de Urkullu, que ayudó a frenar una DUI creíble, pero no un 155 que desde entonces pende como amenaza.