El Gobierno navarro ofrece un concierto para atender a personas en situación de alta exclusión
El Gobierno de Nafarroa ofrece un concierto para la gestión del Servicio de Atención Residencial dirigido a personas en situación de alta exclusión. La estabilidad del recurso, diversas mejoras laborales y de gestión, así como indicadores de calidad serán algunos de los ejes principales de la licitación.
El Ejecutivo ha aprobado la licitación de la gestión del servicio a través de la aplicación de la Ley navarra de conciertos, primando la estabilidad de los profesionales, diversas mejoras laborales y de gestión, así como el refuerzo de la calidad técnica del recurso.
De este modo, entre otras cuestiones, se refuerza el personal educativo, asegurando la presencia de dos figuras profesionales por turno. Asimismo, a través de esta fórmula se persigue fomentar la implicación de las entidades del tercer sector en la prestación de servicios de interés general, promoviendo la consecución de fines sociales.
El concierto tiene por objeto la gestión del Servicio de Atención Residencial para personas en situación de extrema necesidad y desprotección social, con una capacidad máxima de 16 plazas. Este servicio es una prestación garantizada por la cartera de servicios sociales de ámbito general.
El plazo de duración previsto en la licitación abarca el periodo comprendido entre 2019 - 2022 y la posibilidad de prorrogarla hasta alcanzar los nueve años de vigencia con un presupuesto total de 4.543.226,60 euros.
El Servicio de Atención Residencial
El Servicio de Atención residencial se prestará en régimen de alojamiento y ofrecerá una atención integral a las personas usuarias para mantener o mejorar la autonomía personal y facilitar la integración y participación social en su entorno más próximo.
Entre sus objetivos persigue fomentar el desarrollo personal, la autonomía y la calidad de vida de las personas residentes, así como impulsar su participación en la comunidad.
A través de este recurso se proporcionará una intervención global en los ámbitos personal, residencial, familiar, social psicológico, formativo-laboral y sanitario, entre otros.
El acceso se realizará exclusivamente a través de la Dirección General de Inclusión y Protección social, previa valoración de la situación de extrema necesidad y desprotección social. Las personas destinatarias deberán tener una edad comprendida entre los 18 y 65 años, encontrarse en las situaciones anteriores, así como contar con la acreditación de persona con grave conflicto familiar y/o ausencia de soporte familiar adecuado, según baremo establecido por la OF 197/2015 de 15 de junio del vicepresidente de Derechos Sociales.