Los suicidios por la reestructuración de France Télécom llegan a juicio
Siete exdirigentes de France Télécom (ahora Orange), incluido el antiguo consejero delegado, Didier Lombard, se sientan en el banquillo del Tribunal Correccional de París desde el lunes por el presunto acoso a empleados que dio lugar a suicidios y depresiones.
Los jueces instructores de este proceso inédito –es la primera vez que se juzga en el Estado francés a una compañía del índice CAC-40 por hechos de este tipo– encausaron a los siete antiguos dirigentes de la empresa tras examinar el caso de 39 trabajadores, de los cuales 19 se suicidaron, 12 intentaron hacerlo y 8 sufrieron depresión.
Los hechos se remontan a finales de la pasada década, cuando France Télécom, una vez privatizada, estaba en proceso de mutación por la competencia de nuevos operadores de telecomunicaciones y la transformación de la tecnología digital en un contexto de fuerte endeudamiento. La dirección del grupo puso en marcha dos planes de transformación, en 2005 y 2006, denominados NexT y Act, que debían conducir a la supresión de 22.000 empleos, de una plantilla de 120.000 en la que un 65% todavía tenían estatuto de funcionarios.
Junto al entonces consejero delegado, Didier Lombard, están acusados de acoso moral su “número dos”, Louis-Pierre Wenès, y el entonces director de Recursos Humanos, Olivier Barberot, así como otros cuatro exdirectivos, en su caso por complicidad.
Por esos cargos, podrían ser condenados hasta a un año de prisión y a una multa de 15.000 euros. La compañía, que ahora funciona como Orange, podría ser condenada también a una multa de 75.000 euros.
A eso podría añadirse el pago de indemnizaciones a las personas que sean consideran víctimas. En vísperas del inicio del juicio, los abogados de la acusación particular presentaron una lista de más de 120 nuevos damnificados.
Cuestión de formas
Los jueces encargados de la instrucción puntualizaron que no cuestionaban las decisiones «estratégicas» adoptadas para transformar la empresa, pero sí la forma en que se llevó a cabo mediante «reorganizaciones múltiples y desordenadas», traslados forzados de lugar de trabajo o «incitaciones» para irse, factores que crearon un clima de ansiedad.
La consecuencia fue «un sufrimiento cuyas manifestaciones tomaron diversas formas; la más dramática, el suicidio», lo que salió a la luz pública por las denuncias sindicales. La primera demanda fue presentada por el sindicato SUD en 2009.
Por ello, la calificación judicial de los hechos resulta «fuera de lo habitual, sin precedentes», tal como indicó la presidenta del tribunal, Cécile Louis-Loyant, en su intervención inicial, en la que destacó que el caso resulta «duro porque es doloroso, porque algunas voces se han apagado».
Un ejemplo de las prácticas que condujeron a ese ambiente eran, según los instructores, los objetivos de reducción de efectivos que se asignaban a las direcciones locales, así como las «frases funestas» de Lombard. Se le atribuye al expatrón haber dicho que tenía intención de sacarse de encima a empleados «de una forma u otra, por la ventana o por la puerta». El niega que lo hubiera dicho.