Penas de cárcel para tres acusados de envenenar a aves rapaces en varios cotos de Erribera
El juzgado de lo Penal número 2 de Iruñea ha condenado a dos presidentes de coto de caza de Erribera y a un guarda a dos años y ocho meses de prisión por envenenamiento de aves rapaces.
Además, han sido condenados a 5 años y 4 meses de inhabilitación especial para la gestión del aprovechamiento cinegético de cotos de caza y para el oficio de guarda de caza y para el ejercicio del derecho a cazar.
También deberán indemnizar al Gobierno foral con 67.538 euros y a adoptar medidas de recuperación del daño causado, han informado en un comunicado las asociaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que han ejercido la acusación particular en este procedimiento.
La condena, destacan estos colectivos, al ser superior a dos años, supone su cumplimiento efectivo y los condenados, aunque cabe el recurso de la sentencia, tendrán que entrar en prisión.
Los hechos se produjeron en 2012 en cotos de caza de Tutera y Cintrúenigo, donde murieron 138 aves rapaces y 4 cuervos por ingerir cebos envenenados.
La sentencia reconoce que el envenenamiento fue planificado por la dirección de las sociedades gestoras de cuatro cotos de caza, dos de ellos de Tutera (Montes del Cierzo y Monte Alto) y los otros dos en Cintruénigo y Fitero.
El veneno fue la causa de la muerte de milanos reales, alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros y buitres leonados, especies protegidas que, en algunos casos, como el milano real, están catalogadas como ‘En peligro de extinción’.
Las ONG que han estado personadas como acusación en el procedimiento esperan que la sentencia «sirva de revulsivo a aquellos que se vean tentados a utilizar el veneno como método de control de depredadores» y sean conscientes de las consecuencias legales que ello puede suponer.
Estas asociaciones subrayan que la colocación de cebos envenenados es un método de caza «masivo, no selectivo y cruento para la fauna» no solo salvaje, sino que también pone en peligro a los animales domésticos, como perros y gatos, y supone un grave riesgo para la salud pública debido a la elevada toxicidad de los compuestos que se utilizan. Por ello, su uso está prohibido y está tipificado como delito en el Código Penal.