La ONU exige que se respeten los derechos de Santrich, trasladado a un hospital de Botogá

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos han pedido que se respeten los derechos del exnegociador plenipotenciario de las FARC-EP Jesús Santrich, detenido en la misma puerta de la cárcel, en Bogotá, justo cuando iba a ser excarcelado. El exguerrillero ha sido trasladado a una clínica de la capital por «alteración del estado de conciencia».

El «caso Santrich» ha causado una verdadera tormenta política en Colombia. El miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su inmediata excarcelación y rechazó su extradición a Estados Unidos. Una corte de Nueva York abrió hace un año un procedimiento judicial contra el exnegociador plenipotenciario de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana, a quien acusa de querer enviar a territorio estadounidense diez toneladas de cocaína. Santrich fue detenido el 9 abril de 2018.

La resolución de la JEP fue duramente criticada por el Gobierno uribista de Iván Duque –quien afirmó sentirse «indignado» con este dictamen judicial– y su partido, el Centro Democrático. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó su renuncia alegando su desacuerdo con la resolución de la JEP, si bien, analistas colombianos han aducido como verdadero motivo de su dimisión los escándalos de corrupción que le acechan desde hace semanas. Junto a Martínez, dejaron su cargo la vicefiscal general, María Paulina Riveros, quien fue negociadora plenipotencia en La Habana del Gobierno de Juan Manuel Santos, y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

Aunque la orden de liberación emitida por la JEP tenía carácter «inmediato», ésta no se materializó hasta el viernes. El círculo cercano al exguerrillero denunció que fue víctima de una agresión en el patio de la prisión de La Picota. Este fue conducido en silla de ruedas hasta la puerta de salida de la cárcel. Cuando todo indicaba que iba a quedar en libertad, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía volvieron a detenerlo y lo regresaron a La Picota desde donde minutos después fue sacado en un helicóptero de la Policía que lo llevó al búnker de la Fiscalía, que dijo tener nuevas pruebas contra él.

Tanto la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han pedido que se respeten sus derechos. «Confiamos en que el debido proceso será respetado y que se le garantizará su derecho a la defensa. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para garantizar su recuperación física ante su situación de salud», subrayan en un comunicado.

Remarcan que pese a «los constantes desafíos -como los actuales- que enfrenta el proceso de paz, hoy más que nunca es indispensable que las instituciones, los colombianos y las colombianas continúen trabajando para preservar los avances alcanzados por el Acuerdo de Paz». La Misión y la Oficina de Derechos Humanos continuarán dando seguimiento a la seguridad jurídica para las personas en proceso de reincorporación, añaden.

Denuncian que fue dopado antes de su detención

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha informado hoy que Santrich ha sido trasladado a una clínica de la capital por «alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos».

El representante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Benedicto González ha denunciado en su cuenta de Twitter que, según el parte médico, «fue dopado antes de la recaptura». «Necesitamos que le practiquen un examen de medicina legal. Fue una captura ilegal», ha afirmado.

Ha advertido, después de que dos médicos de confianza pudieran valorar su situación, que Santrich «está en estado delicado de salud e inconsciente».

A través de un comunicado, la JEP ha denunciado que la Fiscalía en ningún momento le entregó nuevas pruebas contra el exlíder gurrillero. «La JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación, suministradas por el país que solicitó la extradición de  Seuxis Paucias Hernández Solarte, no fueron aportadas al análisis que hizo la Sala de Revisión –de la JEP–», destaca.

El presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño «Timo», denunció en Twitter que «Santrich nunca estuvo libre, se le violaron todos sus derechos. Se monto espectáculo para humillarlo y golpear el proceso de paz».

Aseguró que «el acuerdo de paz nadie, nadie lo va a hacer trizas y si así lo hacen, recogeremos cada pedacito y lo reconstruiremos».