El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que Gorka Lupiañez fue torturado
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el durangarra Gorka Lupiañez, actualmente preso en Topas, sufrió torturas por parte de la Guardia Civil durante su detención en régimen de incomunicación en 2007.
Según una declaración emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, formado por un grupo de 18 expertos independientes, «España ha violado los derechos humanos» de Gorka Lupiañez, por lo que ha instado al Estado a garantizar justicia y reparación para el demandante.
Asimismo, el Comité ha pedido al Estado español que cese las detenciones en régimen de incomunicación, «ue crean un contexto más propicio a la tortura».
Lupiañez, detenido en diciembre de 2007 por la Guardia Civil en Berriz, denunció ante el Comité de Naciones Unidas al Estado español en junio de 2015. Según su testimonio, le sometieron durante ocho días a malos tratos y torturas tanto en el cuartel en La Salve de Bilbo como en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y en los consiguientes traslados.
El durangarra refirió haber sido víctima de una violación con un palo, palizas, pinchazos en la columna vertebral, más de 50 sesiones de bolsa al día, privación de sueño, amenazas de muerte y otros tormentos.
El preso vasco llevó su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió no admitir su demanda, por lo que el Estado españo pidió al Comité de DDHH de la ONU que procediera de igual manera.
Las autoridades españolas defendieron ante la instancia de la ONU que Lupiañez fue «tratado de forma correcta» y «reconocido a diario por un médico forense» que no encontró huellas de las vejaciones que ha denunciado.
Sin embargo, la instancia internacional admitió el testimonio de Lupiañez y ha recordado hoy que «la tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por motivos de seguridad nacional», en palabras de la experta Tania Abdo Rocholl, una de los miembros del Comité.
El grupo de expertos también ha instado a que las denuncias de tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial por las autoridades competentes, y ha pedido al Estado español que tome medidas legislativas para poner fin a la detención en régimen de incomunicación.
El Comité ha dicho que espera que Madrid le informe en un plazo de 180 días sobre las medidas que va a tomar en respuesta a su dictamen, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ratificó en 1985.