La de la Mesa del Congreso no es una decisión más

Estamos tan acostumbrados a las arbitrariedades de este estado de derecho convertido en derecho de Estado que corremos el riesgo de dejar pasar como una más la decisión de la Mesa del Congreso de suspender a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Pero el salto cualitativo es considerable.

Primero, porque supone la claudicación del poder legislativo –que debiera prevalecer en una democracia–, al poder judicial, que en el caso español concentra el entramado más reaccionario de todo el Estado, con línea directa a la herencia franquista. Al Tribunal Supremo le ha bastado con insistir una sola vez a la Mesa del Congreso para que esta renuncie a su autonomía.

Segundo, porque supone alterar el resultado de las elecciones celebradas hace menos de un mes. Revoca y envía a la papelera el voto de millón y medio de catalanes. De hecho, si no son sustituidos, la suspensión de los diputados presos alterará la mayoría en el Congreso, facilitando la investidura de Pedro Sánchez. No es la primera vez que ocurre este trampeo electoral, acuérdense de Patxi López.

Tercero, porque le quita al pleno del Congreso la potestad de decidir sobre la suspensión de diputados de pleno de derecho, cargándose el procedimiento contemplado para hacerlo. La ley determina cómo se suspende a un diputado condenado o a uno que va a ser juzgado, pero no dice nada sobre cómo se hace cuando alguien toma el cargo de diputado mientras está siendo juzgado. La Mesa ha cubierto ese vacío legal de la forma más autoritaria y antidemocrática posible.

Por cierto, no debería poder hacerlo así el Senado, cuyo reglamento dice, al hablar del suplicatorio, que la autorización del pleno del Senado «será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador».

Es fácil de entender. Cuando un juez quiere juzgar a un diputado, le tiene que pedir permiso al Congreso a través de un suplicatorio. Y el Pleno puede decidir concedérselo o no; su decisión no está supeditada al poder judicial. Los diputados presos han adquirido su condición de diputados de pleno derecho de forma legal; poder suspenderlos es ya, en sí mismo y más allá de lo que diga la norma española, un acto democráticamente escandaloso, pero es que incluso con la ley en la mano es un despropósito hacerlo a través de la Mesa: la decisión debería ser, en todo caso, del Pleno.

Batet ha salvado así al PSOE de tener que votar en el pleno a favor de la suspensión de los diputados a los que hace una semana pedía altura de miras para nombrar a Iceta como senador autonómico. ¿Dónde están todos aquellos que clamaron entonces contra el independentismo por quemar un puente para el diálogo?

Que los diputados presos iban a acabar suspendidos estaba más que anunciado. Nadie esperaba otra cosa a estas alturas. Lo que no era tan fácil de prever es que el episodio sirviese al Estado para descender otros cuantos peldaños en el abismo autoritario.