Las actas difundidas ahora confirman los acuerdos Zapatero-ETA que reveló GARA

La Audiencia Nacional ha levantado el secreto del sumario sobre la negociación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA entre 2005 y 2007. Ello ha permitido conocer las actas de reuniones en Oslo y Ginebra, de las que ya informó GARA en junio de 2007 y en las que se constatan acuerdos y garantías que luego incumplió Madrid.

Un teletipo de la agencia Europa Press ha dado cuenta hoy del levantamiento del secreto del sumario abierto en su día por la Audiencia Nacional sobre la negociación Gobierno Zapatero-ETA (en el ámbito estrictamente político también PSOE-Batasuna) entre 2005 y 2007. Con ello, se ha podido acceder a las actas de las reuniones celebradas primero en Ginebra y luego en Oslo.

Europa Press titula esta información: ‘Zapatero ofreció a ETA un órgano para Euskadi y Navarra, legalizar Batasuna y el fin de la doctrina Parot’. En él se mezclan en realidad varias fases del proceso. Las conversaciones de Loiola de otoño de 2006 (en las que también participó el PNV), como es público y notorio, incluyeron efectivamente la posibilidad de ese órgano conjunto, aunque finalmente quedaron frustradas por falta de concreción.

Las otras dos cuestiones citadas en ese titular estuvieron sobre la mesa de la negociación y suponían la evolución lógica de las llamadas «garantías» que habían sido pactadas por los representantes de la organización vasca y el Gobierno español como «punto cero» del proceso, a finales de 2005.

GARA dio cuenta de los entresijos de esta negociación ya en junio de 2007, después de que el proceso se frustrara definitivamente tras un último intento con formato de doble mesa simultánea (Gobierno-ETA y PSOE-Batasuna) en Suiza. Informó en primer lugar de que Gobierno y ETA habían alcanzado en noviembre de 2005 un acuerdo sobre el alto el fuego y la posterior declaración del presidente Zapatero, que se materializarían en marzo y junio del siguiente año, respectivamente.

En este «punto cero» se pactó el contenido de ambas iniciativas y también las garantías y condiciones para la siguiente fase: por ejemplo, por parte estatal no habría detenciones de las FSE y se permitiría la actividad política de la izquierda abertzale (entonces ilegalizada), mientras que ETA se comprometía a no realizar abastecimientos de armas y explosivos. Se acordó incluso cómo gestionar los «accidentes» que pudieran producirse.

Los desacuerdos

En aquella serie de trabajos periodísticos, GARA informó de que en diciembre de 2006 el Gobierno español pasaría a argumentar que no veía prioritario el acuerdo político, contrariamente a lo que se había consensuado en 2005. Fue enfriando tanto la formación de la Mesa de Partidos como la relegalización de la izquierda abertzale. Además, el incumplimiento de las garantías quedó patente en el mantenimiento de redadas policiales, ante lo que el Gobierno alegó que no podía incidir en las decisiones de los tribunales.

Tras el atentado de la T-4 del 30 de diciembre de 2006, el proceso no concluyó definitivamente pero sí entró en clara crisis, como evidencian estas actas ahora reveladas e informó también GARA en su día. El Gobierno español exigió más pasos mientras ETA le instaba a cumplir el acuerdo base, sobre todo en lo que atañía a los compromisos políticos de Zapatero. Le envió una carta en febrero de 2007.

Todo ello concluyó con el intento final del 21 de mayo de 2007, en las dos mesas simultáneas. ETA se comprometió a desmantelar sus estructuras militares si se lograba un compromiso global y el proceso se llevaba hasta el final, pero la parte estatal lo rechazó. No aceptó la fórmula que redactaron los intermediarios internacionales.

La AN explica que estas actas fueron incautadas a uno de los negociadores de ETA, Xabier López Peña, fallecido en 2013. Otro de los que se sentaron en la mesa, Josu Urrutikoetxea, ha sido arrestado hace apenas dos semanas. Y también recientemente ha fallecido otro de los protagonistas de aquel proceso por la parte estatal, el entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las actas constatan que además de representantes del Gobierno español, PSOE, ETA y Batasuna participaron como facilitadores miembros de Sinn Féin y representantes de los gobiernos de Irlanda y Noruega.