La Fiscalía dibuja un mapa violento y sitúa a Junqueras como «motor principal» de la rebelión

Ha llegadoel turno de los alegatos finales de la acusación en el juicio contra los líderes independentistas catalanes y los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno han presentando esta mañana el informe de conclusiones definitivas del Ministerio Público, que mantiene que hubo «insurrección» y, por tanto, «un golpe de estado» en Catalunya.

En las alegaciones finales, el fiscal Javier Zaragoza ha acusado a los líderes independentistas de «intentar liquidar la Constitución» española. «Lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídico por otro por métodos ilegales», ha explicado.

«No puede ser una sedición, crimen contra el orden público, esto fue un ataque contra el orden constitucional», en el que «la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional», ha sostenido el fiscal. «Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición», ha remarcado.

«Golpe de Estado»

«Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 y, sobre todo, en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, es lo que se llama golpe de Estado», ha resaltado.

Asimismo, ha remarcado que «la única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución».

El fiscal ha hecho una introducción general en la que ha señalado que el juicio que se ha celebrado los últimos cuatro meses en el Tribunal Supremo «nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política».

«No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos», ha resumido el fiscal.

Todo ello, ha añadido, «al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa nacional e internacional». Al hilo de este asunto, el fiscal ha recordado las palabras que pronunció el exvicepresident catalán Oriol Junqueras al inicio de este juicio, según las cuales el Estado «nunca tuvo la intención de dialogar» con la Generalitat.

Según ha dicho, Junqueras fue quien «rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas». En virtud de ello, ha situado al exvicepresident de la Generalitat como «motor de la rebelión».

Así, Zaragoza ha negado que los acusados en este juicio sean «presos políticos», como «tampoco hay detenciones arbitrarias», en referencia a las conclusiones del informe de un grupo de trabajo de la ONU publicado la semana pasada en la que se pedía la puesta en libertad de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El fiscal ha censurado que dicho grupo de trabajo de la ONU admitiera «todas las alegaciones de parte» y rechazara las presentadas por el Gobierno español.

También ha intervenido el fiscal Jaime Moreno, que ha señalado: «La idea no es si votar o no es delito. Es mucho más sencillo. La idea es que la democracia, votar, participar, no es posible sin un respeto escrupuloso a la ley».

«Organización criminal»

Por su parte, la fiscal Consuelo Madrigal ha asegurado que el Govern de la Generalitat actuó como una «organización criminal» para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 al llevar a cabo una serie de «maniobras para encubrir delitos» y «estrategias negacionistas».

Así lo ha dicho la representante del Ministerio Público español en la exposición de las conclusiones definitivas, cuya intervención se ha centrado en la malversación de caudales públicos, de la que acusa a nueve de los 12 acusados por el proceso independentista.

Ha apuntado que todos los exconsejeros, también Carles Mundó, Dolors Bassa y Santi Vila, que no están en prisión provisional, son «responsables últimos y máximos de todas y cada una de los desvíos de fondos públicos», que ha indicado que alcanzan hasta los 3 millones de euros.

Ha destacado que todos ellos, han llevado a cabo un «ejercicio abusivo de funciones públicas» para «decidir, ordenar, impulsar, apoyar acciones y gastos para articular el referéndum», pese a las «reiteradas» advertencias del Tribunal Constitucional de sus «deberes de paralizar e impedir» todo aquello relacionado con el 1-O.

El fiscal Fidel Cadena ha señalado que «son autores del delito de rebelión aquellos que se alzan públicamente para derogar la Constitución», añadiendo que «la violencia física no es una cuestión indispensable» para que este se produzca, pues es posible que la rebelión se lleve a cabo «solo con la intimidación».

Sin embargo, ha apuntado que «este alzamiento fue violento» y que el referéndum del 1-O fue «como cien sediciones distintas animadas por un plan u hoja de ruta»: «No solo utilizar energía física implica violencia, también oponer resitencia». Por tanto, a su juicio, el «bloqueo de la multitud a las fuerzas de seguridad del Estado es violencia».

«Sólo el pensamiento está exento de sanción, pero no la conspiración y la provocación», ha insistido Cadena, para acontinuación afirmar que «separar a los autores del delito de violencia no es posible».

Por otro lado, cabe señalar que tanto el fiscal Zaragoza como Cadena han remarcado el papel del rey, quien «tuvo que hacer un llamamiento a la Generaltitat para que se respetara la Constitución».

La Abogacía del Estado y la acusación particular de Vox presentarán esta tarde sus conclusiones finales.

La Fiscalía mantiene su petición de penas

La Fiscalía ratificó el pasado miércoles su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis. El Ministerio Público elevó a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista ora