Vox pide «penas disuasorias para evitar nuevos golpes de estado»
La acusación popular ejercida por Vox ha pedido en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo que se castigue a los líderes independentistas con penas acordes a la gravedad de sus delitos y que sean «disuasorias, para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento».
En la presentación de su informe de conclusiones ante el Tribunal Supremo, los abogados de Vox han acusado a los dirigentes independentistas sentados en el banquillo de pretender ultimar «el más sofisticado y novedoso proceso golpista contra un Estado de derecho» y los ha enmarcado en una organización criminal para la rebelión.
«No podrá haber justicia si no se dicta una sentencia con unas penas que sean acordes a la gravedad de los delitos que están siendo enjuiciados, los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional, el delito de rebelión », ha advertido el abogado y diputado de Vox Javier Ortega Smith.
Su compañero Pedro Fernández, también diputado, ha rechazado que se pueda equiparar lo ocurrido en Cataluña con cualquier situación de violencia registrada en el pasado y ha criticado con dureza a los «acusados golpistas» por dividir a la sociedad entre «catalanes de primera y de segunda sin respetar las reglas del juego de la democracia que como cargos públicos estaban obligados a respetar».
Los abogados de Vox han elogiado la «heroica» labor realizada por guardias civiles y policías «en defensa de la legalidad», el papel del rey en defensa de la unidad de España y el trabajo y la «valentía de jueces y fiscales ya fallecidos en el inicio de la investigación judicial del procés», entre ellos el que fuese fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Hubo, según Vox, una estrategia «legal, orgánica, de comunicación y económica con participación del ejecutivo, el legislativo y organizaciones sociales para atentar contra las instituciones».
Marchena rechaza dar más tiempo a las defensas
El presidente de la Sala que juzga a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha rechazado dar más de una hora de tiempo por acusado a las defensas para la exposición de sus alegatos finales, que tendrá lugar el próximo 11 de junio. «En Estrasburgo sólo tienen 30 minutos» ha respondido ante la petición realizada por la abogada
Marina Roig, que defiende al presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart, se ha quejado del tiempo que se le ha asignado, una hora al defender únicamente a uno de los doce encausados, porque la Fiscalía consumió casi tres hablando del delito de rebelión, en vez de individualizar las penas en cada uno de los doce líderes sentados en el banquillo.
Marchena, por su parte, le ha recordado que lo que han hecho las acusaciones durante la jornada de este martes ha sido limitarse estrictamente al tiempo que le ha concedido el tribunal para defender sus tesis finales, y que rectificar ahora las reglas «no sería correcto». A su juicio, un cambio debería haber sido planteado al inicio de la sesión, y no a su término.